La secretaria general de la Local Sindical, Grichelle Toledo, el jueves que el sindicato decidió incoar una demanda contra el secretario de Educación, Eligio Hernández, tras permitir que solo algunos maestros pudieran utilizar su balance de vacaciones para comprar tiempo al momento de sus retiros.
“La Ley 26- 2017, establece que la liquidación final de la licencia de vacaciones acumulada del maestro puede destinarse para que se cotice como tiempo trabajado a su Sistema de Retiro. Lo que significa que cualquier empleado público podrá autorizar para que se destine dicho balance como tiempo trabajado. El problema fue que se les permitió a unos y a otros no porque según el secretario del DE había una fecha límite para llevar a cabo este proceso”, dijo Toledo en declaraciones escritas.
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La profesora Toledo indicó que la Ley 26-2017 no establece fecha límite para que los empleados se acojan a este derecho.
“No es cierto que exista una fecha límite. Ellos están violando los derechos constitucionales y se han negado a tramitar las solicitudes de compra de tiempo del magisterio”, explicó Toledo.
Por su parte, Elba Aponte, representante de la región de Caguas, aseguró que el secretario Hernández autorizó a unos 21 maestros para que sus balances fueran utilizados como tiempo trabajado para propósitos de retiro.
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“El personal del Sistema de Retiro para Maestros también autorizó el retiro a estos maestros a quienes el DE aprobó para que utilizaran su balance de licencia de vacaciones. Nos parece injusto que sea a un grupo, cuando la Ley 26 es clara y deben ser a todos los que estén interesados y cualifiquen. Esta acción es arbitraria, caprichosa e irrazonable”, resaltó Aponte.
Aponte añadió que el secretario de Educación nunca le informó al sindicato, ni a los maestros que había una ‘fecha límite’ para este proceso.
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“Si fuera el caso de que en efecto en esta Ley 26 existe una fecha límite para someter las autorizaciones de compra de tiempo, tampoco hubo una adecuada notificación y se privó a cientos de maestros de acogerse a lo que por derecho les corresponde. El DE está ejecutando una norma inexistente y esto claramente es un acto ilegal que violenta nuestro estado de derecho. Lo que significa que el mismo secretario del DE ha privado al magisterio de acogerse a su retiro y recibir la pensión a la que tienen derecho”, dijo Aponte.
La líder del sindicato, Grichelle Toledo, indicó que el tribunal le otorgó diez días al secretario Hernández para que comparezca por escrito.
“Exhortamos a todos los maestros a los que se les denegó su solicitud de compra de tiempo a que entren al facebook y llenen un formulario con toda la información requerida para que podamos ayudarlos y defender sus derechos por la vía legal”, expresó Toledo.
Ambas profesoras reclamaron al gobierno justicia salarial para el magisterio.
“Sabemos que se han otorgado unos aumentos para la clase magisterial, pero para nosotros no se le hace justicia a esa figura tan importante en el sistema público. El maestro merece que se aumente la escala salarial”, puntualizó Toledo.
