El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, informó el martes, que solicitó al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito extender la moratoria que emitió el pasado 6 de mayo, luego de la petición de la Junta ante el Tribunal Supremo Estados Unidos para que considere el caso para revisión.
“Sin esta extensión, la Junta no podría llevar a cabo sus responsabilidades luego del 15 de julio, echando al traste todo lo que se ha logrado en el proceso de reestructuración. Asimismo, la economía y la ciudadanía de la Isla sufriría daños irreparables”, dijo Carrión, tercero en comunicación escrita.
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Explicó que la Junta había objetado el fallo del pasado 15 de febrero, en la que el Primer Circuito declaró inconstitucional los nombramientos de los miembros de la Junta porque no fueron confirmados por el Senado, conforme a la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.
La Junta se creó bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA) de 2016. El propósito de la Junta de Supervisión es proveer un método para que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital.