La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció hoy otro acuerdo consensual en el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico.
En una comunicación escrita la Junta confirmó que llegaron a un acuerdo para resolver el trato de los beneficios de pensión acumulados por los retirados del Gobierno de Puerto Rico en el caso del Título III bajo PROMESA. Según indicaron, este acuerdo protege y asegura las pensiones a futuro para todos los empleados del Gobierno, tanto retirados como activos, mediante la asignación de excedentes acumulados en el corto plazo a un fondo de reserva que garantiza el pago de futuras obligaciones de pensiones.
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“El acuerdo que la Junta de Supervisión ha alcanzado con el COR también provee una política más justa y sencilla para ajustar las pensiones que la que figura en el Plan Fiscal Certificado, al permitir que casi el 75% de los beneficiarios estén protegidos de cualquier recorte. Esta es una parte integral del plan de ajuste que la Junta de Supervisión presentará próximamente en el Tribunal del Título III que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de $50,000 millones en obligaciones de pensiones no sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura”, indicó el ente creado por la Ley Promesa en una comunicación escrita.
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“Nos complace anunciar el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR), que es un paso crucial para presentar el Plan de Ajuste para el Gobierno de Puerto Rico y para que podamos salir del proceso de reestructuración de deuda del Título III, mientras aseguramos los beneficios futuros de nuestros retirados”, afirmó José Carrión, presidente de la Junta.
“Hemos trabajado arduamente con todas las partes interesadas durante el pasado año para lograr acuerdos consensuales para reestructurar nuestras deudas y obligaciones de pensiones. Hoy alcanzamos otro hito que permitirá a Puerto Rico salir de la quiebra y facilitará que las empresas inviertan, que nuestra economía crezca y que la gente de Puerto Rico prospere”, agregó.
Aseguran medidas protegerán a pensionados
Mientras, en la comunicación la Junta expuso que décadas de mala administración financiera, falta de fondos y préstamos tomados de las pensiones del pueblo dejaron los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura prácticamente sin dinero.
“Las restricciones fiscales y legales obligaron a la Junta de Supervisión a proponer una reforma de pensiones ya que, si el Gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones del presupuesto operacional general, los retirados hubieran dejado de recibir sus cheques de beneficios. Esto ha significado que el gobierno está sufragando el costo anual de las pensiones, por aproximadamente $2,500 millones al año. Según el proceso del Título III de PROMESA, los retirados son considerados acreedores no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal”, dijo el grupo.
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“La Junta de Supervisión ha tomado medidas ágiles para proteger a los retirados presentes y futuros de Puerto Rico, y para asegurarse de que todos tengan acceso a una pensión digna, después de haber dedicado tantos años de arduo trabajo a nuestra Isla y de haber ganado un lugar muy especial en el corazón de todos los puertorriqueños”, dijo Ana Matosantos, miembro de la Junta de Supervisión.
Gobierno repudia el acuerdo
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino y el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira repudiaron el acuerdo.
Maceira alegó que del comunicado del COR se desprende que la JCF amenazó al Comité con procurar peores recortes.
“Es lamentable que el Comité de Retirados se haya visto presionado a aceptar este acuerdo, que va en detrimento de nuestros jubilados, pues no es más que una estrategia de la Junta para procurar aliados que validen su obsesión de recortar pensiones”, dijo el secretario de Asuntos Públicos en declaraciones escritas.
Por su parte, Sobrino indicó que “en otras palabras, este acuerdo entre la JSF y el COR impactará negativamente la calidad de vida de sobre 65,000 retirados los cuales verán un recorte a sus pensiones. Esto, simplemente, no es aceptable para nuestra Administración. En ese sentido, este acuerdo no es cónsono con la política pública del gobierno de Puerto Rico de que no se puede dar paso a un recorte de pensiones”.
