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Plan Fiscal con metas que requieren legislación federal

Solo se han reunido en Washington.

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El gobierno de Puerto Rico se estableció 11 metas colaborativas con el gobierno federal en el plan de implementación del Plan Fiscal que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) le refirió a la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, según estipulado en la edición entregada en abril de este año, solo se ha completado una de esas metas: realizar reuniones en oficinas de congresistas en Washington, D.C.

Ocho de las 11 metas colaborativas con el gobierno federal requieren legislación, de acuerdo con lo establecido en el documento. Asimismo, cuatro de estos mismos 11 esfuerzos debieron haberse completado en marzo del año en curso y otras cuatro en o antes del 30 de diciembre.

El documento presenta entre sus primeros puntos la búsqueda de enmiendas al código de impuestos que atiende a Puerto Rico como una jurisdicción foránea en impuestos de manufactura, entre otros. Además, a través del proyecto de la Ley de Apropiación se busca lograr una extensión antes del periodo, que expira el 30 de septiembre, para conseguir una medida suplemental que otorgue ayudas para desastres.

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Por otro lado, el Gobierno buscaría incluir provisiones del PAN para Puerto Rico previo a la aprobación del Farm Bill, además de discutir a nivel federal la prohibición de las peleas de gallos. Asimismo, se incluye como meta perseguir legislación de cuidado médico: evitar el precipicio de Medicaid; lograr una solución de financiamiento permanente.

Por otro lado, en el documento se señala el objetivo de estimular el programa de inversionistas inmigrantes y habilitar una cuota para nuevos empleos creados en Puerto Rico en el programa de Habilidad Excepcional.

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El gobierno también persigue la paridad de fondos federales en recuperación de desastres; en los créditos por ingreso al trabajo, según el Servicio de Rentas Internas; en el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit); en el Seguro Social suplementario; en Medicare; en Medicaid, entre otros.

Se añade, entretanto, que se pretende eliminar el requerimiento para la Información Electrónica sobre exportaciones para envíos de Puerto Rico hacia Estados Unidos y viceversa. Finalmente, pretenden canalizar un porcentaje mayor del presupuesto de adquisiciones federales hacia empresas que proporcionan bienes y servicios de Puerto Rico.

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