Retrasada la administración en misión de reestructurar el Gobierno

Cientos de documentos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo muestran los obstáculos que enfrenta el gobierno para lograr los ahorros proyectados y algunas de las reformas estructurales promovidas por la administración Rosselló Nevares

Por Luis Valentín / CPI

El “Nuevo Gobierno” que prometió la administración de Ricardo Rosselló Nevares está lejos de ser una realidad. El Gobierno de Puerto Rico está re-trasado en la implementación de gran parte de los cambios estructurales que buscan reducir el tamaño del aparato gubernamental, aumentar su “eficiencia” y generar ahorros recurrentes en el gasto público.

Si bien algunas de las medidas fueron promesas de campaña de Rosselló Nevares, otras han sido impuestas por la Junta de Control Fiscal, creada por la Ley PROMESA.

En la mayoría de las agencias, la reestructuración gubernamental pisa y no arranca. Enfrentan un sinnúmero de dificultades para llevar del papel a la realidad los cambios previstos. También evidencian los efectos negativos que tiene en la gestión pública una receta de austeridad sin medida.

Desde el año pasado, la Junta recibe del Gobierno los “planes de implementación”. Agencia por agencia, reforma por reforma, cada uno de estos planes muestra las medidas que se tomarán para recortar el gasto público. Luego, las agencias y el gobierno someten “informes de progreso” mensuales. Estos reflejan cómo van cumpliendo con lo que dicen los planes de implementación. También deben evidenciar la cantidad de ahorros — si alguno — generados hasta el momento.

Tras una demanda de acceso a información contra la administración de Rosselló Nevares, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) obtuvo una gran parte de los planes de implementación e informes de progreso que el Gobierno ha entregado a la Junta hasta el pasado mes de abril. La entidad periodística liberó hoy estos documentos. El litigio sigue su curso ya que no se recibieron los planes e informes correspondientes a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la reforma de pensiones, entre otros, aunque sí fueron entregados por el Gobierno a la Junta.

A pesar de que es una exigencia del Plan Fiscal, ni la Junta ni el Gobierno habían hecho públicos estos documentos.

“El Gobierno parece estar cumpliendo con las metas presupuestarias, pero debo decir que la mayoría de las [agencias] no están implementando las medidas de eficiencia”, dijo la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, en entrevista telefónica con el CPI.

“Hay áreas de progreso. Pero hay otras que están muy, muy atrás”, sostuvo.

A partir de este próximo 1.º de julio, la ruta para el Gobierno será más empinada. La administración Rosselló Nevares tendrá que conseguir tres veces más la cantidad de ahorros que debía alcanzar — y no ha logrado — este año. Según el Plan Fiscal, cada año la meta de ahorros en las agencias aumenta. El presupuesto, por su parte, disminuye.

Un pedido de reacción realizado a la Oficina del Principal Oficial Financiero, Raúl Maldonado, encargada de tramitar la entrega de estos documentos a la Junta, no fue contestado al cierre de esta edición.

Cuesta arriba conseguir el “Nuevo Gobierno”

En los planes de implementación, palabras como “eficiencia”, “maximización de generación de ingresos”, “manejo de capital humano”, “control de gastos”, “optimización” y “reducción de huella”, sirven de eufemismos para la reducción del número de empleados públicos, consolidar y eliminar oficinas gubernamentales y servicios, y recortar el gasto.

Entre las agencias permea el retraso en la ejecución de medidas y el incumplimiento con fechas límites pautadas. En este renglón, está la reforma de compras en el Gobierno, la cual, según Jaresko, todavía no se concretiza, y retrasa los ahorros previstos bajo esta medida.

Otros retos y contratiempos mencionados en los documentos son la necesidad de lograr apoyo de los distintos actores afectados, como el personal de la agencia, alcaldes y la ciudadanía. El Departamento de Salud, por ejemplo, identifica la aprobación de medidas en la Legislatura como el mayor “riesgo” que enfrenta la agencia para lograr sus ahorros. También menciona como obstáculo la disponibilidad de datos en la agencia, mientras que el nivel de involucramiento (“engagement”) de los empleados figura como “riesgo”.

Según el informe de progreso de Salud entregado en abril, al cierre del año fiscal que culmina en verano, estarían por debajo de sus proyecciones de ahorros por $17.7 millones.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, dijo que la agencia ha implementado medidas de ahorro para cumplir con el plan fiscal, tanto en los hospitales como en programas que prestan servicios a la ciudadanía, sin especificar cuáles. Sin embargo, expresó que “el implementar estas medidas conlleva cambios contractuales y renegociación de tarifas, lo que podría presentar ciertas demoras”.

El funcionario sostuvo que tienen que ser cautelosos con la implementación de las “economías” para no afectar los servicios primarios de salud que ofrecen a los ciudadanos.

“Se están evaluando áreas de oportunidad adicionales para realizar cambios a fin de lograr las metas deseadas”, dijo Rodríguez Mercado.

A pesar de ser implementadas, algunas medidas no rinden los frutos esperados. Este es el caso del llamado Programa de Transición Voluntaria, la apuesta del Gobierno para evitar el despido de miles de empleados públicos. El programa busca que los empleados públicos abandonen el Gobierno a cambio de un cheque con la cantidad del sueldo que recibiría el servidor al cabo del año fiscal en curso.

Al parecer, son muchos los empleados públicos que, a pesar del incentivo económico que ofrece el Gobierno, no quieren irse al sector privado, según reflejan los planes de implementación de varias agencias. En el caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, menciona como un obstáculo que el Programa de Transición Voluntaria “no es atractivo”, lo que resultaba en una “falta de participación” por parte de los empleados.

La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, y responsable del plan de implementación en su agencia, Tania Vázquez, no recordaba haber dicho que el programa “no es atractivo” en cuanto al plan de transición voluntaria. Sostuvo que la reducción de nómina que pidió la Junta era “bien extrema” y “no era real”, al igual que no tomó en cuenta el bajo nivel salarial de los empleados de la dependencia.

“Había muchas medidas que realmente no fueron estudiadas a fondo, ni se hicieron de manera individualizada para cada agencia”, puntualizó Vázquez.

La Secretaria no tenía a la mano la cifra de empleados que se acogieron al programa, ni el ahorro generado, pero posteriormente informó que logró y sobrepasó la meta que se autoimpuso en este renglón por $75,000, pese a que no radicó el informe de progreso correspondiente ante la Junta. Sostuvo que se reunió con la Junta el 5 de marzo y le hizo una contrapropuesta para lograr ahorros y aumentar ingresos con estrategias alternas, y que la misma “fue acogida de forma muy positiva de parte de ellos”.

Por otro lado, algunas agencias mencionan como riesgo u obstáculo  la “resistencia” a implementar las medidas de parte de sus empleados, las uniones, alcaldes o ciudadanos. El Negociado de la Policía, por ejemplo, tiene como riesgos el que los empleados rechacen ser transferidos, como se propone en el plan, y que los alcaldes y la población se opongan a las medidas propuestas.

También se menciona la lentitud en los procesos que se dan entre agencias, como es el caso del Departamento del Trabajo, donde catalogan como riesgo la lentitud de la Secretaría de la Gobernación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto en aprobar contratos.

La falta de fondos para implementar los cambios estructurales impera como una de las principales preocupaciones de las agencias a la hora de ejecutar las distintas medidas de reestructuración gubernamental. Prácticamente todos los planes de implementación mencionan esto último como un escollo o riesgo para lograr los ahorros previstos.

O sea, el Gobierno necesita — y no tiene — dinero para analizar y realizar los cambios que le permitirán generar ahorros.

Invest Puerto Rico y Discover Puerto Rico, dos nuevas entidades encargadas de promocionar a la isla como destino de inversiones y turístico, respectivamente, apuntan a limitaciones presupuestarias para aumentar sus operaciones y atraer el recurso humano necesario. Como parte de la reforma de permisos, la limitación de presupuesto para operar la plataforma electrónica que se prometió figura como un escollo para completar la medida.

“La consolidación de las ,operaciones de las oficinas centrales no se está siendo considerada porque al presente ya está corta de presupuesto y de personal”, lee el plan de implementación de la Junta de Calidad Ambiental.

En total, el Gobierno estimó en $175 millones los gastos de implementación de medidas, solamente para este año fiscal, según el borrador de plan fiscal que entregó a la Junta a finales de marzo. En los próximos cuatro años, la partida sumaría casi $560 millones. En el plan fiscal certificado recientemente por la Junta, sin embargo, el renglón de gastos de implementación no forma parte de los estimados.

La presencia de asesores externos y el uso de personas mediante servicios profesionales en las diferentes iniciativas de reestructuración es notable. El Gobierno proyectó en su último borrador del plan fiscal un gasto de hasta $36 millones en asesoría relacionada a la implementación de los cambios a través de las agencias. Esto es sin contar los asesores de la Junta que también ofrecen consultoría al respecto con cargo al erario. Algunos contratistas son nombrados en los documentos como líderes en la ejecución de las medidas. Al mismo tiempo, los documentos reflejan un gran número de vacantes como parte del equipo de trabajo en las agencias.

La presencia de asesores externos en esta gestión se da en momentos que una de las principales medidas de ahorros a través de las agencias es, precisamente, la reducción del gasto en servicios profesionales. Jaresko, por su parte, favorece el uso de asesores en el Gobierno, siempre y cuando transfieran su conocimiento a los empleados de la agencia.

¿Son válidas las preocupaciones que muestran las agencias en sus informes?, preguntó el CPI a la directora de la Junta.

“Algunos son riesgos válidos”, dijo. Luego añadió, “un riesgo no significa que no se puede implementar [la medida], significa que tienes que descifrar cómo mitigar ese riesgo”.

Jaresko dijo que agradece que las agencias identifiquen riesgos y obstáculos, “pero esto no puede ser excusa para no lograr que las cosas se hagan”.

Pocos detalles e inconsistencias

Las constantes en todos los informes son las inconsistencias, falta de claridad y uniformidad. A la hora de catalogar la calidad de la información provista en los documentos, hay que ver agencia por agencia. Los informes están incompletos.

El Departamento Educación, por ejemplo, entrega formularios distintos a los que utilizan la mayoría de las agencias. Los informes de progreso de Educación, la agencia con mayor presupuesto en el Gobierno de Puerto Rico, dejan fuera la cantidad exacta de ahorros logrados hasta el momento.

Abordado sobre la falta de una cifra concreta de ahorros proyectados y generados en los informes que entrega a la Junta, el secretario interino de Educación, Eligio Hernández, dijo que la responsabilidad de la agencia es “establecer cuántos estudiantes se van a impactar con cada iniciativa”, y no determinar ahorros.

“Nosotros no trabajamos iniciativas basadas en ahorros”, sostuvo.

Omaya Sosa Pascual, Jeniffer Wiscovitch, Joel Cintrón y Laura Moscoso colaboraron con esta historia del Centro de periodismo Investigativo.  Este reportaje se publica en Metro por una alianza el CPI. Para ver la historia completa, acceda a periodismoinvestigativo.com.

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