El proyecto de Ley del Senado que propone una moratoria en la construcción de estructuras en la zona costanera de la isla continuó ayer con la celebración de vistas públicas en la Comisión de Recursos Naturales y Salud Pública.
De acuerdo con el proyecto presentado por el senador independentista Juan Dalmau, prohíbe cualquier construcción o desarrollo en esta zona por un término de 20 años. La profesora y geóloga Maritza Barreto favoreció el proyecto ya que la nueva construcción, entre otras cosas, podría incrementar los daños ante nuevos eventos naturales. “El Proyecto provee una alternativa de curso de acción puntual, no estructural, que promoverá a corto/moderado y largo plazo la reducción de la vulnerabilidad y susceptibilidad de la infraestructura ubicada en la zona costanera ante el embate de eventos extremos”, indicó la también oceanógrafa geológica y profesora de la Universidad de Puerto Rico.
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La comisión senatorial es presidida por el legislador novoprogresista Carlos Rodríguez-Mateo.
La medida también impide que la Oficina de Gerencia de Permisos o cualquier otra agencia que otorga permisos, “a aprobar, endosar o autorizar cualquier nueva construcción, lotificación, obra de desarrollo o proyecto en una franja de 100 metros de ancho a partir de la zona marítimo-terrestre”.
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“La presencia de infraestructura cercana a la línea de agua está comprometiendo los espacios abiertos que deberían estar disponibles para que las playas, humedales y otros ecosistemas costeros-marinos puedan utilizar para comenzar la migración tierra adentro debido al aumento de nivel del mar”, precisó Barreto.
Reiteró que con eventos como marejadas ciclónicas, marejadas extremas provocadas por huracanes e inundaciones costeras por el aumento en el nivel del mar, han afectado la infraestructura ubicada en zona costanera. Recordó, además, la destrucción de estructuras en Barceloneta tras la marejada ciclónica en marzo de 2018, apenas 6 meses después del paso del huracán María por la isla. La geóloga puntualizó que este evento además acentuó la vulnerabilidad social de estas comunidades enclavas en zonas costeras.
“No hay duda que esta infraestructura está altamente comprometida, y la no acción para promover la protección de las mismas o promover nuevas construcciones en la zona costanera podría incrementar los daños de estas ante la ocurrencia de nuevos eventos naturales extremos”, sostuvo.
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La profesora también apoyó que el proyecto busque establecer como política pública el análisis científico sobre la planificación social, ambiental y estructural del país. “A través de las pasadas décadas he podido identificar cómo la exclusión del análisis científico ha empobrecido varias de las decisiones de política pública realizadas como también procesos de planificación en el país”, señaló.
