Diversas organizaciones apoyaron la decisión de la Junta de Control Fiscal (JCF) de demandar a bancos, bufetes de abogados e individuos para recuperar $1,000 millones de bonistas cuyos bonos fueron emitidos en exceso del límite constitucional.
La Junta indicó en una comunicación escrita que también se radicaron demandas contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión. La Junta radicó una demanda contra 20 bancos, bufetes de abogados y otras entidades para recobrar comisiones que devengaron cuando ayudaron en las emisiones de $9,000 millones en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico.
PUBLICIDAD
Te podría interesar:
- Fallece el exgobernador Rafael Hernández Colón
- Refleja aumento sequía moderada por segunda semana
- Rosselló declara frente a comité congresional
Según la JCF, al emitir estos bonos, las entidades demandadas contribuyeron a que el Banco Gubernamental de Fomento violara su deber fiduciario para con los residentes de Puerto Rico y que se enriquecieron injustamente con cientos de millones de dólares, aseguró la JCF.
Asimismo, la Junta radicó cientos de demandas contra individuos y entidades para recobrar pagos percibidos por bonos emitidos ilegalmente. “Los tenedores de bonos de menor cuantía no tendrán que devolver nada de principal ni intereses percibidos por sus inversiones producto de los bonos en cuestión”, dijo David Skeel, miembro del Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta.
“La Junta de Supervisión no asumió la determinación de proceder a recuperar estos fondos livianamente”, dijo Skeel.
La Junta no pretende proceder legalmente con la recuperación de estos fondos hasta que el Tribunal de Distrito determine que los bonos en cuestión sean, en efecto, inválidos.
De acuerdo con las demandas
Por su parte, el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito se expresaron a favor de las demandas.
“Es hora de que respondan los cómplices y gestores principales de esta crisis fiscal, esos bancos, firmas de inversión, bufetes de abogados y firmas de auditoría que generaron millones de comisiones por los 6 mil millones de dólares en emisiones ilegales. Para los que llevamos reclamando una auditoría integral de la deuda, hoy se demuestra que teníamos la razón y celebramos que la JCF finalmente escuche el reclamo del pueblo y de un paso importante para que los verdaderos responsables de esta crisis respondan al pueblo”, expresó Eva Prados Rodríguez portavoz del Frente por la Auditoría de la Deuda.
PUBLICIDAD
“Las demandas incluyen a algunas, pero no todas, las instituciones bancarias y firmas que participaron de un esquema de emisiones ilegales que tanto daño le ha hecho al país. Finalmente, la Junta acepta que ya desde el 2007, el Gobierno de Puerto Rico, por vía de su Banco Gubernamental de Fomento, los bancos suscriptores de emisiones de bonos y sus asesores legales, sabían o debían saber que Puerto Rico no podía continuar emitiendo deuda sin violentar su Constitución. Estas entidades privadas se lucraron de un país en crisis, y ahora deben responder”, expresó por su parte Luis José Torres Asencio, presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.
Aseguran faltan entidades por demandar
Asimismo, Torres Asencio agregó que “todavía faltan nombres y no se está demandando por todas las emisiones ilegales ni por las cantidades de dinero que sabemos una auditoría completa de la deuda hubiera desenmascarado”.
Con ese pensamiento coincidió la iniciativa Construyamos Otro Acuerdo. “La Junta sí radico demandas a bancos, bufetes de abogados e individuos, pero la lista aún es larga y falta gente y bancos por demandar”, opinó Armando Santiago, coordinador de Hedge Clippers, una de las organizaciones de la iniciativa Construyamos Otro Acuerdo.
