Junta de Control radica más de 230 demandas contra individuos y entidades

La Junta expuso que estas acciones legales no necesariamente implican que los individuos o entidades cometieron algún delito

Por Metro Puerto Rico

La Junta de Control Fiscal (JCF) radicó hoy 230 demandas a individuos y entidades para recobrar pagos efectuados por el gobierno de Puerto Rico que confligían con el Código de Quiebras de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.

El ente creado por la Ley Promesa expuso que las reclamaciones le permiten asegurar que aproximadamente $4,200 millones en pagos efectuados a suplidores y contratistas que trabajaron para el gobierno de Puerto Rico "fueron gastos apropiados y justos y, de no ser así, recobrar ese dinero para el pueblo de Puerto Rico".

Asimismo, dijeron que el Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión identificó a individuos y entidades que recibieron pagos mayores de $2.5 millones sin un contrato válido o para quienes los pagos no corresponden a sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo del 2017, cuando la Junta de Supervisión inició el procedimiento de ajuste de la deuda bajo PROMESA.

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“La Junta de Supervisión tienen una responsabilidad ante el pueblo de Puerto Rico de recobrar cualesquiera pagos en violación de las leyes de quiebra o de Puerto Rico efectuados antes de la quiebra del gobierno de Puerto Rico”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Natalie Jaresko.

Si un suplidor demuestra una base apropiada para los pagos, la Junta de Supervisión desestimará el reclamo.

"Durante la década pasada, el valor de las obligaciones ascendentes del gobierno de Puerto Rico superó por mucho sus activos. El mandato de la Junta de Supervisión bajo el Puerto Rico Oversight, Management and Financial Stability Act de 2016 (PROMESA) es ayudar al gobierno de Puerto Rico a recuperarse de su deuda aplastante y ayudar a lograr responsabilidad fiscal. Parte de ese mandato es asegurar que la Junta de Supervisión recupera las transferencias ilegales que el gobierno de Puerto Rico hizo durante su periodo de crisis", expuso la JCF en una comunicación escrita.

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