La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso emitió el martes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Región Judicial de Caguas del Tribunal General de Justicia. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) paga desde el 2013, 5.4 millones de dólares anuales en exceso por la renta del estacionamiento del Centro Judicial de Caguas. Al 31 de enero de 2018, había pagado 22.4 millones de dólares en exceso de la renta razonable y de persistir esta situación estaría pagando 180.3 millones de dólares al término del contrato firmado por 30 años.
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Contrario a la ley y a las normas de sana administración, la directora de la OAT formalizó el contrato de arrendamiento el 27 de mayo de 2011, en el cual se fijó un canon de arrendamiento por pie cuadrado en vez de por el número de espacios de estacionamiento, como es uso y costumbre en el mercado de bienes raíces. Por eso, en la Región Judicial de Caguas se está pagando 384 dólares mensuales por espacio de estacionamiento, muy por encima a las comparables de 40 a 50 dólares aproximados que se paga en Caguas y entre 75 y 85 dólares mensuales que se paga en las áreas prime de Hato Rey.
Este examen fue validado por un perito ingeniero civil y tasador profesional contratado por la Contraloría. Además, el perito contratado por la misma OAT en el 2011 para evaluar los costos de arrendamiento, concluyó que la norma para fijar el alquiler de espacio se obtiene sobre la base del número de estacionamientos y no por los pies cuadrados del edificio.
El Informe de un hallazgo recomienda a la secretaria de Justicia considerar estas situaciones y que tome las medidas que correspondan, y al director administrativo de los tribunales que renegocie el canon de arrendamiento del estacionamiento. Situaciones similares ya se habían señalado en los informes de auditoría DA-12-52 y DA-12-53 del 19 de marzo de 2012.
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La auditoría comenta también que la decisión de la OAT de construir un edificio para las instalaciones del Centro Judicial de Caguas y los tribunales de la región, aumentó los gastos de la Región Judicial de 747,399 dólares a 17.6 millones de dólares anuales. El pago de la renta por los próximos 30 años del contrato será de aproximadamente 582.9 millones de dólares en total. Además, al 31 de enero de 2018, no habían utilizado la cafetería ni el gimnasio, ni 473 estacionamientos para empleados.
Proyectos de esta envergadura que comprometen los presupuestos presentes y futuros, pueden representar una carga financiera en momentos de crisis fiscal. Desde el 2006, se han aprobado más de seis leyes que declaran al Gobierno de Puerto Rico en estado de emergencia fiscal.
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Llama la atención que se paguen tan altas cantidades por los bienes que el gobierno adquiere. Debemos asegurarnos por maximizar cada centavo que los ciudadanos aportan para el beneficio de nuestro pueblo, opinó la contralora.
Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2018 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
