La Junta de Contriol Fiscal (JCF) anunció hoy que radicó una petición ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito publicada el pasado 15 de febrero de 2019, que declaró inconstitucionales los nombramientos de sus miembros.
El organismo congresional solicitará además al Tribunal del Primer Circuito que extienda la moratoria de su decisión del 15 de febrero hasta tanto el Tribunal Supremo disponga finalmente en el caso porque entiende que interrumpir sus operaciones “tendría repercusiones inmediatas y devastadores sobre la economía de Puerto Rico y el proceso de reestructuración de la deuda”.
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En un comunicado de prensa, la Junta opinó que la decisión del Primer Circuito es la primera en la historia de los Estados Unidos en disponer que oficiales de un territorio, como son sus miembros, deben ser designados de conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal, una decisión con amplias implicaciones para Puerto Rico.
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“La decisión está fundamentalmente errada y es profundamente desestabilizante”, dijo la JCF en su petición de auto de certiorari. La decisión del Primer Circuito no puede reconciliarse ni con el texto mismo de la Constitución, la práctica histórica, con los principios más fundamentales de separación de poderes, o con las decisiones del Tribunal Supremo que implementan dichos principios”, agregó.
El recurso argumenta que los miembros de la JCF son oficiales del territorio y, por lo tanto, su nominación no tiene que seguir el procedimiento prescrito en la Cláusula de Nombramientos para puestos en el gobierno federal.
De acuerdo al parte de prensa, el Congreso declaró expresamente que establecía la JCF bajo la Cláusula Territorial de la Constitución federal y que es una “entidad dentro del gobierno territorial” y que “no será considerada un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del gobierno federal”. La autoridad de la Junta de Supervisión bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico de 2016 (PROMESA) para ayudar a Puerto Rico a alcanzar responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital es de naturaleza y aplicación puramente territoriales.
“La decisión del Primer Circuito se fundamenta en una falta de entendimiento básica de la relación estructural entre el gobierno nacional y el gobierno territorial”, lee el recurso. Acerca de la Junta de Supervisión La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico se creó bajo la ley federal bipartita Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA) del 2016. El propósito de la Junta de Supervisión es proveer un mecanismo par que Puerto Rico alcance responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”, cita el comunicado.
