La senadora Zoé Laboy y Douglas Leff, jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy que la agencia federal colaborará con las autoridades locales para buscar aliviar el estancamiento de cerca de 2,500 “safe kits” que enfrenta el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).
Durante una rueda de prensa, la senadora novoprogresista indicó que el FBI atenderá el análisis de estas pruebas de material genético de casos de agresión sexual en el que estén envueltos una menor o un menor de edad. Agregó que estas pruebas corresponde a alrededor de 300 “safe kits” de los 2,500 que permanecen estancados en el NCF. Por su parte, el subjefe del FBI en la isla, Ángel Catalán —quien también lidera el task force contra la explotación de menores y trata humana—precisó que estas pruebas de ADN serán enviadas a los laboratorios del FBI en Virginia para “ayudar a la jurisdicción con la investigación correspondiente” y presentar los cargos federales.
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Laboy —quien presentó el año pasado la Resolución del Senado 417 para investigar este ataponamiento en el NCF— indicó que hay “safe kits” sin analizar que se remontan al 2001. “Años tras años, administraciones tras administraciones no le han dado la importancia que esto tiene que tener”, puntualizó la senadora. Por su parte, Laboy estimó que desde enero de 2019 hasta el presente han llegado cerca 8 “safe kits” al mes, que totalizan alrededor de 32.
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Asimismo, precisó que, mientras tanto, el NCF atenderá el resto de las pruebas por medio de una reasignación de fondos de $3 millones que solicitó el gobernador Ricardo Rosselló. “El gobernador Rosselló a través del secretario de Hacienda le solicitaron a la Junta la transferencia de los $3 millones para el Negociado. Hoy el Negociado tiene $3 millones para trabajar específicamente los “safe kits”, el ’backlog'”, añadió.
Laboy también aclaró que, además de los casos de menores de edad, la gran mayoría de las víctimas son mujeres.
“Y lo más importante de todo esto es, por fin hacerle justicia a las víctimas y sacar de la calle a esos agresores sexuales”, subrayó.
De esos 300 “rape kits” que serán investigados por el FBI son los que pudieran conllevar a algún tipo de formulación de cargos. Según Laboy esto se debe a que los casos que ya los delitos están prescritos no serán analizados por el organismo federal. Explicó, además, que aunque actualmente los delitos de agresión sexual contra menores no prescriben, previo a la revisión del Código Penal de 2012, el término para presentar una acción penal era de 5 años a partir que la víctima cumplía la mayoría de edad.
“La misión del FBI una parte importante es realizar las leyes federales, pero otra parte muy importante es brindar apoyo a nuestros compañeros estatales y municipios”, expuso Leff.
