El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció hoy que radicó una medida que pretende revertir el cierre de escuelas realizado bajo la administración de la ahora exsecretaria de Educación, Julia Keleher.
“Ante los señalamientos públicos sobre los cuestionables manejos del Departamento de Educación (DE) bajo la dirección de Julia Keleher, es imperativo que se cree un organismo que revise y evalúe las determinaciones que llevaron al cierre arbitrario de cientos escuelas a lo largo y ancho del país, para así garantizar que las mismas no se cerraron por criterios puramente económicos o la indignante intención de lucrar a funcionarios o allegados al gobierno” , dijo el senador del PIP en un comunicado de prensa.
De acuerdo a los datos recolectados a través del año, Keleher cerró un total de 255 planteles. Sin embargo, en octubre del año pasado, la exjefa del departamento avisó que la Junta de Control Fiscal (JCF) le estaba pidiendo más cierres pero aseguró que no realizaría más.
“No sé dónde pondría a los niños, porque los planteles que tengo los tengo llenos. Yo tengo 307 mil estudiantes en 856 planteles a un nivel de utilización que va por encima de 90 por ciento, con 28 mil maestros y el sistema está operando. No me queda para cerrar más”, dijo en ese momento.
Asimismo, durante una reciente conferencia en la Universidad de Yale, Keleher se mostró prepotente indicando que: “Lamento el dolor que causé a las comunidades (por el cierre de escuelas), pero alguien tenía que ser la adulta responsable en ese salón”.
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El legislador independentista entendió que “no hay mejor desinfectante que la luz del sol”, haciendo referencia a la manera “tenebrosa y oscura que guiaron las determinaciones para el cierre de escuelas”. Dalmau Ramírez añadió que la medida presentada crearía un comité intersectorial independiente que reevaluaría —sin injerencia de ninguna rama gubernamental— el proceso de cierre.
De igual forma, el senador argumentó que el proyecto ayudará a que, en un futuro, cualquier reforma al sistema público de enseñanza sea transparente.
“Lo importante es que surja de este esfuerzo una evaluación balanceada, con criterios específicos y, además, la consideración de los terribles efectos académicos, sociales y comunitarios, particularmente en nuestros estudiantes, que tuvieron y aún continúan teniendo esos cierres. Se trata de un comité que no va a adjudicar comportamiento criminal, sino que revisará determinaciones administrativas para revertir aquellas determinaciones respecto al cierre de planteles que fueron viciosas, arbitrarias y caprichosas y no se fundamentaron en los elementos contenidos en la Ley 85”, sostuvo.