El gobierno de Donald Trump quiere dos años de plazo para hallar a miles de niños que posiblemente fueron separados de sus padres en la frontera antes de que un juez prohibiera esa práctica hace dos años, tarea que dice es más ardua que lo hecho hasta ahora para dar con el paradero de los menores porque los niños ya no están bajo custodia del gobierno.
El Departamento de Justicia dijo en un documento judicial el viernes por la noche en San Diego que le tomará al menos un año estudiar los casos de 47.000 niños no acompañados a los que se detuvo entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018, un día antes de que el juez federal de distrito Dana Sabraw detuviera la práctica de separación de familias. El gobierno empezará por buscar señales de posible separación, por ejemplo, de niños menores de cinco años.
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El gobierno dará información sobre las familias separadas a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) que inició la demanda para reunir a las familias y criticó el pedido de tiempo del gobierno el sábado.
“Nos oponemos enérgicamente a un plan que podría demorar hasta dos años en ubicar a estas familias”, dijo Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU. “El gobierno necesita tomar esto como una prioridad”.
Sabraw ordenó el año pasado que más de 2.700 niños que estuvieron bajo cuidado del gobierno hasta el 26 de junio del 2018 sean reunificados con sus familias, lo cual mayormente se ha logrado. Luego, en enero, el inspector general del departamento federal de Salud y Servicios Humanos reportó que miles de niños podrían haber sido separados de sus familias desde el verano de 2017. El inspector general del departamento dijo que se desconocía la cantidad precisa de estos menores.
El juez falló el mes pasado que podía responsabilizar al gobierno por las familias que fueron separadas antes de su dictamen de junio y pidió al gobierno que presentara una propuesta con las medidas que iba a tomar. Se programó una audiencia para el 16 de abril.
