La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, advirtió el jueves al gobierno de Puerto Rico, que no deben repetir la movida de pagar el bono de Navidad.
“Espero que ese no sea el caso este año… será una decisión cada vez más difícil de hacer para el gobierno, de gastar en el bono de Navidad en vez de mantener a sus empleados y los salarios”, dijo Jaresko a preguntas de la prensa.
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El representante del Gobernador ante la JCF, Christian Sobrino, catalogó el asunto como una ridiculez.
“Yo creo que como hemos demostrado aquí, es que claramente esto es un asunto ideológico. Aquí el problema con el bono de Navidad, es por que se llama bono de Navidad”, dijo Sobrino en conferencia de prensa.
Insistió en que “la única razón aquí por la cual no se pague el bono de Navidad, es porque la Junta insiste en enviar un mensaje, no se a quién, de que por fin hicieron que no se pague el bono de Navidad. Es una ridiculez. Es una tontería. Por no hacer una comparativa entre el cúmulo del bono de Navidad en todo el gobierno, con lo que se ha estado ahorrando en gastos operacionales, llora ante los ojos de Dios que todavía estén obsesionados con este tema”.
“Simplemente porque se llama bono de Navidad. Si se llama Bono de Compensación y Ahorro de Fin de Año, estoy seguro que no habría ningún problema”, dijo Sobrino Vega.
Cuestionado sobre el por qué no le cambian el nombre, Sobrino Vega contestó: “Señores, el nombre no hace la cosa”.
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La Junta llevó a cabo una vista pública para conocer el estatus de la implantación de las medidas contenidas en el Plan Fiscal Certificado para transformar el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el uso de los fondos y recursos dentro de la agencia.
La vista permitió que el público escuchara de los oficiales del DSP cómo los recursos presupuestados disponibles son administrados y qué medidas fiscales están todavía por implantarse, para alcanzar las metas establecidas en el Plan Fiscal Certificado.
Actualmente, se informó que solo el Negociado de la Policía ha sometido su plan de implantación.
El Plan Fiscal Certificado requiere que las agencias del gobierno sometan un plan detallado de implantación anual que muestre cómo las metas de ahorro han de ser alcanzadas y cómo las medidas han de ser completadas. El Plan también establece una cronología de informes para que los departamentos y negociados puedan comunicar, con precisión, el progreso que logren en el cumplimiento de los requerimientos del Plan Fiscal Certificado.
“Estos planes de implantación, junto con los informes regulares sobre ahorros y progreso, proveen transparencia para que el público pueda entender lo que se requiere y dónde se encuentra el proceso”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.
“La responsabilidad fiscal requiere que estos planes sean claros y tengan objetivos medibles, no solo para que podamos ver lo que está pasando y lo que no está pasando sino, más importantemente, para que podamos identificar los obstáculos y sobrepasarlos”, añadió.
Durante la audiencia, la Junta cuestionó por qué el Negociado de la Policía está promoviendo un Plan de Retiro Voluntario, mientras confronta serios problemas de reclutamiento, y confirmó que el Negociado tiene suficientes fondos, toda vez que terminará el presente año fiscal con un exceso de fondos y la capacidad de satisfacer las necesidades de otros negociados mediante reasignaciones.
Por ejemplo, este año, la Juna concedió una reasignación por casi 8 millones de dólares al Negociado de Ciencias Forenses, los cuales fueron, 3 millones de dólares para los “rape kits”, 1.6 millones de dólares para nómina y 3.2 millones de dólares en mejoras de capital. Esto representa el 50 por ciento del presupuesto total de este negociado.
“La Junta vio con buenos ojos cuando el año pasado el Negociado de la Policía presentó un plan para transformar sus operaciones”, dijo José Carrión, presidente de la Junta.
“El plan se enfocaba en poner más oficiales en las calles, crear un presencia comunitaria más significativa, y relevar a los oficiales del peso del trabajo administrativo y burocrático en el mayor grado posible. Queremos conocer cómo podemos ayudar a la implantación de dicho plan con la celeridad que se requiere”, añadió.
Durante la vista, el secretario del DSP, Héctor Pesquera; el jefe del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Alberto Cruz Albarrán; y la directora del Negociado de Ciencias Forenses, Beatriz Zayas, hicieron presentaciones y contestaron preguntas de los miembros de la Junta, David Skeel y Arthur González, además del presidente, Carrión y la directora ejecutiva, Jaresko.
“De lo que se trata la responsabilidad fiscal es de dónde y cómo se usan los fondos, no cuánto más se gasta”, dijo Jaresko.
“La experiencia nos demuestra que el sobregasto no es la respuesta. Nuestro objetivo es contribuir al uso y administración apropiados de los fondos para proveer mejores servicios al pueblo”.
Jaresko añadió que las deficiencias discutidas durante la vista son remediables y que la Junta trabajará con el Negociado para ayudarle a alcanzar las metas.
“No hay duda que todos compartimos las mismas preocupaciones y tenemos el mismo objetivo: ofrecer mejores servicios de seguridad al pueblo de Puerto Rico de forma sostenible a largo plazo”, dijo Jaresko.
“Es por esto que hoy todos estamos comprometidos con establecer una colaboración aún más cercana para alcanzar nuestra meta común. Para asegurar que esto funciona, necesitamos mantener un diálogo abierto. Esto es una vía en dos direcciones”, concluyó.
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