La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), declaró hoy en sindicatura a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI).
La agencia indicó en una comunicación escrita que dicha acción tiene como objetivo poder atender unas serias deficiencias identificadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal las cuales ponen en riesgo la disponibilidad de fondos federales bajo programas que impactan directamente a las personas con impedimentos en Puerto Rico.
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De acuerdo con el director ejecutivo de la AAFAF, Christian Sobrino Vega, el gobierno federal informó el incumplimiento con varias normas, y apercibió sobre la falta de atención a requerimientos que le ha formulado a la DPI. En vista de esto, la agencia federal clasificó los fondos federales que recibe la entidad gubernamental como “alto riesgo”, y advirtió que de no desarrollarse un Plan de Acción Correctivo para enmendar las deficiencias notificadas, la agencia federal suspenderá los fondos que provee a la Defensoría de las Personas con Impedimentos y al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo.
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“Las deficiencias señaladas repercuten adversamente en los servicios brindados a esta población y constituyen a su vez crasos incumplimientos con la Ley 2-2017, con su reglamento, el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado. Por esta razón, y aunado al peligro que corren las asignaciones federales para la Defensoría de Personas Con Impedimentos en Puerto Rico (“Protection and Advocacy System“), la AAFAF se ve en la obligación de poner en sindicatura su componente administrativo para salvaguardar los intereses de este importante sector que se beneficia de sus funciones y programas. Así también, velaremos por el cumplimiento del Plan Fiscal y el Presupuesto”, sentenció Sobrino Vega.
Esta medida administrativa provisional, se establece mediante la Resolución 2019-22 y es cónsono con la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico, Ley 5-2017, la cual permite a la AAFAF, por delegación del Gobernador, tomar medidas que incidan en las funciones y actividades de todas las entidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva, así como en los asuntos operacionales, financieros y fiscales.
“La AAFAF apoyará temporeramente y supervisará el aparato administrativo y financiero de la DPI para evaluar de inmediato las fallas y los señalamientos programáticos de las agencias federales y cumplir con los estándares requeridos. Como agente fiscal y asesor financiero de las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, estaremos ofreciendo asistencia técnica a dicha entidad para que la comunidad de personas con impedimentos y deficiencias en el desarrollo continúen recibiendo sus servicios integrales y programas que brinden trato equitativo, atención y sensibilidad, indistintamente de los grandes retos fiscales que esté experimentando Puerto Rico”, expresó el jefe de la AAFAF.
Funciones judiciales
Así mismo, el funcionario señaló que esta sindicatura no afectará ni interferirá con las funciones cuasi judiciales que ejerce la Defensoría de las Personas con Impedimentos ni con los servicios que se le brindan diariamente a esta población.
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La sindicatura, delegada por el director ejecutivo de la AAFAF, tendrá y ejercerá todos los poderes, derechos y facultades enumerados en la Resolución 2019-22, entre ellos: desarrollar un Plan de Acción Correctiva, según requerido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal; desarrollar un Plan de Implementación y actualizaciones mensuales, conforme a lo requerido por el Plan Fiscal Certificado; requerir y tener acceso a cualquier informe, base de datos, servidor, plataforma digital, estado, proyección, material, documento, libro, contrato o plan relacionado a las operaciones administrativas y financieras; realizar auditorías, inspecciones, evaluaciones, entrevistas o exámenes; entre otras establecidas en la Resolución.
