La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), apoyados por la Federación Americana de Maestros (FAM), reiteró hoy su solicitud de información a la secretaria de Educación, Julia Keleher, sobre el proceso de convertir a escuelas públicas en escuelas chárteres, también conocidas como escuelas públicas alianzas.
De acuerdo con la presidenta de la organización sindical, Aida Díaz, padres y maestros se les han acercado para pedir asistencia tras conocer, de manera informal, que sus escuelas se convertirán en chárteres.
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“Al día de hoy, no hemos visto una declaración oficial de parte del Departamento de Educación (DE) en cuanto al proceso en curso. Esta falta de transparencia y de acceso a la información contribuye al clima de incertidumbre que luego puede promover la pérdida de estudiantes en el sistema y un éxodo de talento profesional”, sostuvo Díaz por medio de declaraciones escritas.
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En una carta dirigida a la secretaria el pasado 15 de febrero, el liderato de la AMPR acentuó que la agencia no está cumpliendo con importantes principios de transparencia establecidos por la Ley 85-2018. “A pesar de que la regulación requiere realizar consultas comunitarias, estas no se han celebrado en las escuelas que se perfilan como Escuelas Públicas Alianzas”, indicó Díaz.
Mientras tanto, la presidenta de la FAM, Randi Weingarten señaló que “la decisión de la secretaria de Educación de convertir 30 escuelas públicas en chárteres, sin ningún tipo de consulta a los padres, matestros y comunidades —y con falta de transparencia— es contrario a la ley y seguirá debilitando el sistema de enseñanza pública, el cual ya está trágicamente poco financiado”.
“¿Quiénes son los operadores de escuelas chárteres que la secretaria ha designado para administrar estas escuelas? ¿Qué harán los padres si quieren mantener a sus hijos en la escuela de la comunidad que está siendo convertida en chárter? ¿Qué recurso tendrán los padres en caso de que un operador de escuela chárter saque dinero de un salón de clases para rellenar los bolsillos de los administradores o de la compañía de escuela chárter? ¿Los padres y educadores tendrán voz en el proceso de conversión? ¿Qué pasará con los maestros que quieren dar clases en la escuela de su comunidad? Son estas y más preguntas las que Keleher tiene una obligación pública de contestar. Esto es un sistema de escuelas públicas, no uno privado. Ya es tiempo que la secretaria rinda cuentas al publico sobre sus acciones que, hasta el momento, han estado bajo el manto del secreto y en violación a la ley”, añadió la líder sindical.
“Keleher debe ver detenidamente los resultados en Estados Unidos, donde los méritos del movimiento de escuelas chárteres ha sido sobrevendido y los resultados han quedado muy lejos de lo proyectado. Así es en Ohio, donde los operadores de las escuelas chárteres han estafado millones de dólares de las escuelas públicas. También es cierto en Los Ángeles, donde los maestros declararon una huelga el mes pasado porque se estaban sacando cientos de millones de dólares de las escuelas públicas para financiar a las chárteres. Esto provocó que las escuelas se quedaran sin enfermeros, consejeros, bibliotecarios, y profesionales de la salud mental. La NAACP observó con detenimiento el daño y los resultados desiguales relacionados a las escuelas chárteres y solicitó una moratoria a las nuevas chárteres”, agregó.