A raíz de la determinación del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston sobre la constitucionalidad de la Ley federal PROMESA, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el lunes, que espera un cambio en las relaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF), con el gobierno de Puerto Rico.
“Yo lo que espero y reitero es que nosotros podamos seguir ejecutando para el pueblo de Puerto Rico y eso requiere menos intromisión de la Junta. Y más acción al momento de reasignar prioridades”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
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Rosselló Nevares sostuvo que la determinación judicial debe ayudar en el proceso de reasignar fondos para completar servicios esenciales, como por ejemplo, seguridad, carreteras, salud y educación.
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De paso informó que la JCF le aprobó la reasignación de tres millones de dólares para el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).
El secretario de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, explicó que esos fondos se utilizarán, entre otras cosas, para cubrir el déficit presupuestario para el pago de nómina.
Sobre acciones judiciales futuras, el gobernador mencionó que le corresponde a la JCF decidir si apela o no, la determinación judicial.
El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó la decisión de la jueza Laura Taylor Swain sobre la constitucionalidad de la Ley PROMESA y le dio 90 días al presidente de los Estados Unidos Donald John Trump para resolver la controversia.
