La emisión de bonos de $3,500 millones realizada por el gobierno de Puerto Rico en el año 2014 y que ahora está incluida entre las que la Junta de Supervisión Fiscal solicita sean declaradas nulas abrió una caja de pandora al interior del Partido Popular Democrático (PPD) sobre quiénes fueron responsables de esa deuda, si la emisión fue legal y sobre quiénes cargarán el peso político por ella.
El debate se disparó con las expresiones del senador popular y precandidato a la gobernación, Eduardo Bhatia en el sentido de que en la Asamblea Legislativa habrían sido inducidos a error para aprobar esa transacción. Expresión que de inmediato fue rechazada por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, al expresar que la emisión se hizo con el rigor que establece el sistema fiscal estadounidense. Esta mañana, Bhatia comentó en la red social Twitter que está de acuerdo con García Padilla en el sentido de que a la emisión se le dio paso legalmente basados en la orientación que consultores le brindaron en el 2014, pero que ahora estamos ante una nueva interpretación constitucional en el 2019.
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Si bien la emisión de bonos de 2014 fue evaluada por la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) que concluyó en abril de 2018 no proceder contra ninguna de las partes involucradas en la transacción; hay sectores en el PPD que resienten el peso político de haber dado paso a una emisión para que en el plazo de un año se declarara impagable. La investigación de la SEC incluyó entrevistas hasta al exgobernador García Padilla. Ahora la Junta de Supervisión Fiscal plantea que esa emisión debe declararse nula porque excedía el límite constitucional de la deuda y porque el dinero se usó para financiar déficit.
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El entonces presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien atendió en primera instancia la emisión de bonos en controversia sostiene como la SEC que “procesalmente se cumplió”. Recordó que hubo vistas públicas y muchísimas reuniones previo al visto bueno legislativo. La prensa de la época reseña que la noche de votación el secretario de Justicia en aquel momento, César Miranda, acudió al Capitolio a atender dudas de los representantes. La emisión se aprobó en la Cámara con 27 votos a favor y 23 en contra. Entre los legisladores que dieron su voto estuvo el representante Manuel Natal, quien ha sido una voz fuerte en impulsar la auditoría de la deuda. “Se legisló de forma que no sobrara dinero, era una emisión para pagar deudas que estaban vencidas. Los bonos salieron y se saldaron las deudas”, explicó Hernández.
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Así votaron en la Cámara sobre la emisión de bonos de 2014:
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De hecho, un reportaje investigativo de PBS sobre la crisis fiscal de Puerto Rico reseña que con esa emisión muchos bancos grandes salvaron su cartera de préstamos con Puerto Rico. Los intereses de esa emisión de bonos eran de 8 % y 8.7 %. En aquel momento, se informó que Puerto Rico recibiría aproximadamente $3,200 millones del producto neto de la emisión, de los cuales unos $900 millones fueron a refinanciar deudas de corto plazo y finiquitar acuerdos de intercambios de intereses (swaps que es similar a un préstamo balloon) y aproximadamente $400 millones para capitalizar intereses. En el comunicado oficial tanto José Pagán, presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David Chafey, presidente de la Junta de Directores del BGF y Melba Acosta, secretaria de Hacienda celebraban la emisión porque daría estabilidad a las finanzas de la Isla y liquidez al banco que luego desapareció. Todos los involucrados en la transacción contaban con protección sobre su rol en el proceso.
Dos meses antes de concretarse la emisión, las casas acreditadoras habían llevado a chatarra el crédito de Puerto Rico.
Un año después y sin haber pagado nada de esa emisión de bonos de $3,500 millones, en verano de 2015 el gobernador Alejandro García Padilla dio un giro total al declarar al país que la deuda era impagable. Pero horas antes, la Legislatura había aprobado un presupuesto que él firmó y que incluía partidas para el pago del servicio de la deuda. Esto provocó una fractura al interior del PPD, pues perdió el apoyo de legisladores que le habían aprobado varios mecanismos fiscales que respaldaban su política pública hasta ese momento de que la deuda se pagaría.
Metro obtuvo copia de una carta de seis páginas circulada al Consejo General del PPD constituido por unas 600 personas, tan reciente como en agosto de 2018 en la que el representante popular, Rafael “Tatito” Hernández discute lo que califica como “errores, desaciertos y malentendidos” entre los años 2013 al 2016 en aras de discutir diferencias y prepararse para el nuevo ciclo electoral. La carta va sobre 28 momentos controversiales de la administración de García Padilla. Entre los puntos se incluye el discurso del pago de la deuda, las medidas controversiales de la administración y la expresión de que la deuda era impagable.
Carta Diálogo y Entendidos CG by Metro Puerto Rico on Scribd
¿Fueron inducidos a error los legisladores? ¿Fue una transacción en ley? ¿Podía o no podía pagarse esa deuda? ¿Cuánta responsabilidad tienen los funcionarios electos de ese período en la crisis que vivimos hoy?, todos esos cuestionamiento ya resuenan en la carrera del Partido Popular Democrático de cara a las elecciones del 2020.
Mira la entrevista Punto por Punto con Eduardo Bhatia: