El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión Fiscal anunció que, junto al Comité Oficial de Acreedores No Asegurados en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, presentaron una objeción a más de $6 mil millones de deuda en bonos de Puerto Rico por ser inconstitucional. De hecho, reclaman que esta deuda debe ser declarada nula y sin efecto.
La Junta de Supervisión y el Comité de Acreedores le han pedido a la jueza federal Laura Taylor Swain que rechace las reclamaciones de la deuda inválida bajo el Título III de PROMESA.
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El 13 de septiembre de 2017, el Comité Especial de la Junta de Supervisión contrató a Kobre & Kim como un equipo investigativo independiente para llevar a cabo una investigación de la deuda de Puerto Rico y su conexión a la presente crisis fiscal. El Comité Especial describió la investigación como “una parte integral de la misión de la Junta para restaurar el balance fiscal y las oportunidades económicas, así como promover el regreso de Puerto Rico a los mercados de capital”. Luego de que Kobre & Kim publicara su informe de 600 páginas el 20 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión designó el Comité Especial de Reclamaciones, el cual consiste de los miembros de la Junta de Supervisión Andrew Biggs, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel, para investigar posibles reclamaciones que surjan del Informe de Kobre & Kim. El Comité Especial de Reclamaciones contrató a Brown Rudnick LLP para asistirle en ese proceso.
La objeción presentada hoy es la primera acción importante tomada por la Junta de Supervisión como resultado de su investigación.
La Junta sostiene que más de $6 mil millones de de la deuda es inválida porque se excedió el límite constitucional de deuda del Artículo VI, Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico. La deuda identificada como inválida incluye todos los bonos de obligación general—bonos respaldados por la buena fe y crédito de Puerto Rico—emitidos por Puerto Rico en el 2012 y 2014 bajo las administraciones de Luis Fortuño y de Alejandro García Padilla. Serían $2,735 millones bajo la administración de Fortuño en dos emisiones de bonos y $3,500 millones de García Padilla. La deuda de Puerto Rico se estima en $72 mil millones.
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Separadamente, el Comité de Acreedores también alega que la deuda calificada como inválida viola el requerimiento de balancear el presupuesto en el Artículo VI, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, porque los dineros procedentes de las emisiones de deuda fueron usados para financiar déficits. El Comité de Acreedores está representado por Paul Hastings LLP como abogados y Zolfo Cooper LLC como consultores financieros.
“La Junta de Supervisión es consciente de la extraordinaria responsabilidad que le ha sido otorgada bajo PROMESA. Como representantes de Puerto Rico en la restructuración del Título III, la Junta tiene el deber de actuar en los mejores intereses de Puerto Rico y de todos sus acreedores. Objetar la deuda emitida inapropiadamente es consistente con ese deber”, lee el comunicado del organismo creado bajo PROMESA.
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