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No cesa la controversia en caso de Turismo

El hecho de que la multa de la Procuradora de las Mujeres contra Turismo en caso de hostigamiento no aplique por tecnicismos legales daría paso a investigar los protocolos en todas las agencias del Gobierno

Tanto la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) como el resto de las entidades del Gobierno de Puerto Rico tendrán que dar cara ante la Legislatura una vez comience la sesión ordinaria el 14 de enero, tras las conclusiones de la OPM en el caso por hostigamiento sexual en la Compañía de Turismo (CTPR).

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, decidió no poner aún un punto final a la pesquisa y dijo en entrevista con Metro que, tan pronto inicie la sesión legislativa, convocará una reunión con Lersy Boria, procuradora de las Mujeres, con el fin de discutir la evidencia y los aspectos técnicos de la investigación que realizó la OPM bajo el mando de la exprocuradora interina Carmen Lebrón y la respuesta de la CTPR, que dan paso a la desestimación de la multa.

“En todas estas situaciones pasa, como cuando hay un asesinato, que tú tienes que probar una cintilla de evidencia”, afirmó la representante novoprogresista. “Me reuniré con la procuradora y verificaré estos asuntos, porque si procede, la multa va. Si por un tecnicismo se cayó el caso, pues entonces eso no puede volver a ocurrir. Nos tiene que servir de ejemplo para llevarlo a cada una de las agencias”, sostuvo.

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La OPM concluyó que la multa impuesta a Turismo por alegado incumplimiento con los protocolos de hostigamiento sexual y violencia doméstica no proceden en derecho por “errores procesales significativos”. La información fue enviada a los medios el último viernes de diciembre, al filo de las seis de la tarde. Al día siguiente, Lebrón reaccionó en entrevista con este medio.

“Es incorrecto lo que se acaba de establecer… Primero, porque el proceso que se ha llevado a cabo, en el caso de Turismo, es el mismo que se ha llevado a cabo en todos los demás  procesos que ha tenido la OPM y que han resultado victoriosos”, aseguró. La respuesta de Boria, actual procuradora, no se hizo esperar.

“Respetuosamente, la licenciada Lebrón, si tanto cree en proteger a las víctimas, debió asegurarse de aplicar correctamente el derecho y de no producir un informe a la carrera y al filo del término en su posición”, apuntó.

Llamado de confianza a posibles víctimas de violencia

Más allá de la disputa, la senadora Zoé Laboy, miembro de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara Alta, lamentó que la conclusión de la OPM en el caso de Turismo pudiera desanimar la voluntad de posibles víctimas de denunciar este tipo de situaciones.

“Me preocupa mucho que las víctimas de violencia contra la mujer —sea violencia doméstica, sea hostigamiento sexual, la que sea—, sientan que no vale la pena denunciar lo que les está pasando”, manifestó la legisladora novoprogresista a Metro.

“Aunque quizás pudieran algunas de ellas pensar que este resultado de quitarle la multa a Turismo signifique eso, que están desprovistas, yo les aseguro que no están desprovistas”, recalcó.

Laboy lamentó que la Resolución del Senado 56, radicada por ella el 24 de enero de 2017 para investigar los protocolos de cada agencia del Gobierno de Puerto Rico en casos relacionados con violencia doméstica, no ha sido atendida por ese cuerpo. Sin embargo, aseguró que, al inicio de la sesión ordinaria de este año, habrá sometido una nueva resolución más abarcadora que incluya también los de  hostigamiento sexual y otros reglamentos con los cuales, por ley, debe cumplir el patrono, en este caso, el propio Gobierno.

“Quiero investigar qué pasa, qué dice ese protocolo en cada agencia y, además, si la agencia lo está aplicando correctamente”, indicó la senadora. Sobre la determinación de la OPM, que desestimó la multa contra Turismo, Laboy sostuvo que, “desde el punto de vista estrictamente legal, a mí me parece que la Procuradora, a base de lo que he escuchado, no tenía otra alternativa que no fuera lo que hizo”. 

La también licenciada explicó que, cuando existe un protocolo bajo ley, es imprescindible cumplir con cada paso de ese protocolo. De lo contrario, podría existir una violación al debido proceso, en este caso, contra la CTPR.

“Creo que si es correcta la explicación de ella (Boria) de que el proceso no se llevó como debió haberse llevado conforme al protocolo de Turismo, ella no tenía alternativa”, expresó. Eso no significa, sin embargo, que el protocolo de la CTPR y otras entidades de gobierno no contengan fallas en sí mismos.

“Hoy, a base de lo que sé, no estoy de acuerdo con que Turimo solamente hubiera podido comenzar una investigación si hubiera habido una querella de parte de la víctima, ya fuera verbal o escrita. Creo que, cuando hay conocimiento de alguna forma de que hay una alegada situación de hostigamiento sexual, se debería poder comenzar una investigación”, explicó.

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