La vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Maldonado González denunció que terminándose el pasado año –presuntamente– la secretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher “despidió de sus posiciones a 28 superintendentes auxiliares utilizando un subterfugio burocrático que a todas luces apunta a discrimen político”.
Maldonado González dice tener documentación que evidencia que el pasado 27 de diciembre de 2018, los 28 Superintendentes Auxiliares a nivel isla nombrados por la pasada administración del secretario Rafael Román fueron removidos de sus puestos de forma arbitraria por la secretaria de Educación.
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Éstos recibieron una comunicación escrita acompañada de un informe del Comité de Impugnaciones, que responde a la estructura del DE. En la misiva se les informa que todos que si desean, pueden regresar a los puestos de carrera que tenían antes de ser nombrados.
“Para el año 2016, la señora Cristina Torres, empleada del DE, denunció el proceso de nombramiento de dicho Comité de Impugnaciones y no es hasta pasados dos (2) años que el mismo expresa su decisión. Cabe señalar que la señora Torres fue nombrada en uno de los puestos al cual declinó posteriormente. Al presente la señora Torres es una funcionaria jubilada. Este proceso autorizado por Julia Keleher ha sido uno que apunta a discrimen político, porque todos y cada uno de los afectados fueron nombrados en la pasada administración siguiendo las reglamentaciones de rigor del DE”, añadió la también alcaldesa de Morovis.
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Otro dato de interés que, según la alcaldesa, informan los afectados, es que la fecha en que el Comité de Impugnaciones rinde el informe fue el 13 de diciembre de 2018 y la carta de Keleher comunicando su decisión a favor de la misma fue el pasado 19 de diciembre de 2017. La ejecutiva municipal afirma que tampoco se realizaron reuniones, entrevistas o vista alguna referente a este caso. De acuerdo a un parte de prensa de la líder popular, la mayoría de estos funcionarios ya tenían la permanencia como superintendentes auxiliares cuando recibieron la carta de despido.
“Esta grave situación evidencia nuevamente los planes de esta adminstración de destruir la escuela pública, imponer las escuelas charter y todo bajo la dirección de una mercenaria de la educación como Julia Keleher, a quien el gobernador Ricardo Rosselló le asignó un salario anual de $250,000. Siendo de $27,000 el salario anual promedio de un maestro en Puerto Rico, Keleher cobra más que nueve (9) maestros juntos. Para fin del cuatrienio saldrá para su casa millonaria y con la peor trayectoria que haya tenido secretario de Educación alguno en la historia de Puerto Rico”, finalizó Maldonado González.
Educación rechaza denuncias
El secretario asociado de Educación, Eligio Hernández, desmintió categóricamente que la determinación tomada, el 13 de diciembre, por el Comité de Impugnaciones, grupo constituido por miembros independientes no vinculados a la división de Recursos Humanos del Departamento, de ordenar ha lugar la impugnación del nombramiento de 28 superintendentes auxiliares estuviera basado en criterio político alguno como alegara Carmen Maldonado, vicepresidenta del Partido Popular Democrático.
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“El Comité de Impugnaciones presentó un extenso informe en el que realizó un análisis minucioso de las diversas irregularidades que detectaron en los procesos de entrevistas conducentes a estos nombramientos. En dicho informe se describen detalladamente, al menos, ocho instancias donde el DE actuó contrario al derecho aplicable al procedimiento de entrevista y eventual nombramiento de los Superintendentes Auxiliares I de los 28 distritos escolares celebradas durante el mes de septiembre de 2016”, explicó Hernández.
Asimismo, el reporte destaca que con “la mera ausencia del Subsecretario de Asuntos para la Docencia (quien debía presidir el procedimiento de entrevista y no podía ser sustituido por ningún representante autorizado) existe evidencia suficiente para entender que el procedimiento de entrevista debe ser considerado nulo por resultar contrario a derecho”, añadió el subsecretario asociado.
La conclusión y recomendación que sometieron los miembros del comité en su informe fue que, debido a que en ninguna de las entrevistas se había actuado conforme al derecho aplicable y puesto que el debido proceso de ley no fue garantizado en ninguna de las entrevistas, declaraba ha lugar la impugnación que había sido presentada por la querellante Cristina Torres.
El Departamento procedió a actuar conforme a lo establecido en el informe del Comité de Impugnaciones que determinaba nulos los 28 nombramientos. Dicha determinación no implicó el despido de personal sino su reinstalación a sus puestos de carrera con la garantía de la opción que tienen de apelar.
Para determinar el derecho aplicable el comité consultó y examinó incluyendo pero sin limitarse los siguientes documentos:
- Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004: Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- Reglamento Núm. 7452 de 11 de enero de 2008 conocido como Carta Normativa Especial 1-2007: Normas que regirán las acciones de personal en las que apliquen las áreas esenciales al principio del mérito.
- Carta Circular Núm. 36-2015-2016: Política pública para el procedimiento para ascensos, descensos, reubicación, traslado, reclutamiento y selección del personal directivo, técnico, de supervisión y de facilitación docente.
- Carta Circular Núm. 7-2001-2002: Normas que regirán los procedimientos de impugnación sobre nombramientos, selección, traslado, concesión de probatorios, permanencias, reasignaciones y reubicaciones del personal docente que no forma parte de la unidad apropiada en el Sistema de Educación Pública.
