En una columna publicada en el periódico Washington Post, José Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF) y Andrew Biggs, uno de sus siete miembros, la emprendieron contra el gobierno de Puerto Rico y establecieron que los líderes políticos del territorio no tienen la voluntad política para implementar reformas estructurales.
Según ambos funcionarios, las administraciones de la isla no están dispuestas a “liberalizar” el mercado de trabajo, y esto nos hace poco atractivos para la creación de empleos. Dijeron, además, que la imposición de un crédito al trabajo y de un requisito de trabajo para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) se han implementado demasiado lento.
Carrión y Biggs también esbozaron la posición de la JCF en su última reunión pública, cuando establecieron que aunque proyectan un crecimiento económico por la reestructuración de la deuda y la llegada de transferencias federales producto del paquete de medidas posteriores al huracán María, el gobierno local volverá a quebrar, a consecuencia de no imponer medidas de austeridad más agresivas.
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“Después de que el estímulo fiscal se desvanece, el crecimiento se ralentiza. La emigración continúa, los déficits presupuestarios vuelven a aparecer y no se pueden descartar las dificultades fiscales futuras. Puerto Rico está acosado por muchos problemas. Por mucho, lo más importante es que muy pocos residentes tienen trabajo”, cita la publicación del Washington Post.
En su columna, ambos señalan que la tasa de participación laboral es del 40 %, en comparación con todos los estados de la parte continental y a todas las demás islas del Caribe, que promedian en el rango “bajo” de un 60 %.
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“Si la participación de la fuerza laboral sigue siendo baja, Puerto Rico siempre será pobre. Una tasa de participación en la fuerza laboral de un 3 % inferior a nivel mundial no ocurre por accidente. Es el resultado de políticas públicas bien intencionadas pero mal orientadas”, agregaron.
Ambos enfocaron sus cañones en “los altos mandatos obligatorios (12 días de licencia por enfermedad pagada, otros 12 días de vacaciones pagadas, hasta $ 600 en bonos de Navidad y ocho semanas de licencia de maternidad pagada) junto con las protecciones de empleo, lo que hace costoso despedir a empleados insatisfactorios”.
Precisamente, durante el día de hoy la JCF pidió al gobierno la pronta implementación del programa de trabajo para quienes reciben el PAN. La secretaria de la Familia, Glorimar Andujar, ha dicho que necesita hasta el 2020 para implementar la disposición, por la falta de adiestramientos a empleados y de sistemas para monitorearlo.
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