En una vista pública sobre los “rape kits” o “safe kits” realizada por la Comisión de Seguridad Pública que preside el senador Henry Neumann Zayas en conjunto con la Comisión de Revitalización Social y Económica que preside la senadora Zoé Laboy Alvarado salió a relucir que en el hospital Auxilio Mutuo lleva haciendo gestiones desde el pasado mes de octubre para que un agente de la Policía de Puerto Rico pase a recoger las pruebas de una alegada víctima de violación.
La información fue brindada por el asesor legal de la institución hospitalaria, Carlos Santiago, quien acudió a la audiencia pública en representación de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. El también abogado aseguró que la alegada víctima tiene 22 años de edad y a preguntas de los senadores presentes, sobre si había querella sobre ese caso este contestó en la afirmativa.
Las expresiones surgieron durante una vista pública de la Resolución del Senado 417 de la autoría de Laboy Alvarado, que le ordena a dichas comisiones realizar una investigación exhaustiva sobre la situación actual en la cual se encuentra el inventario de “rape kits” esperando a ser examinados en el Negociado de Ciencias Forenses; la notificación de los resultados a las víctimas y el proceso y protocolos bajo los cuales se manejan los casos de agresión sexual, con el fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes para el mejor manejo de los mismos.
Esta es la segunda audiencia pública que realizan las comisiones sobre esta medida, además de que el pasado 16 de octubre se llevó a cabo una vista ocular en el Negociado de Ciencias Forense.
A su vez, Santiago manifestó que en ocasiones la línea del Departamento de la Familia utilizada para reportar casos no contesta, información que contrasta con la brindada por la subsecretaria de dicha agencia de gobierno, Evelyn Velázquez, quien más temprano en esa misma vista certificó que era a esa línea a la que se comunicaban para reportar los casos y de ahí se referían a las oficinas regionales a las que perteneciera el suceso.
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Ante esa preocupación, la senadora Laboy Alvarado solicitó a Santiago que le entregue a las Comisiones data sobre este ultimo año fecha en que llega la víctima y la fecha en la que recogen el “safe kit” y si los 66 hospitales cobijados bajo la Asociación de Hospitales cuentan con sala de emergencias y atienden estos casos de agresión sexual y si estos tienen protocolos por escrito que también sean provistos.
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“Para nuestra sorpresa hay miles de “rape kits” almacenados desde el 2005 en el Negociado de Ciencias Forenses y los empleados de allí admitieron que no tienen el personal ni el tiempo para trabajar con estos y que dependen de unas órdenes de fiscales para hacer lo propio. Hemos continuado solicitando información. Pesquera nos ha dicho que tienen un plan de trabajo por parte de unas instituciones federales para ayudar con todo los relacionado con este tema. Nuestro propósito es que al final del camino podamos dar un informe y redactar legislación para hacerle justicia, más que nada a las víctimas de estos actos que ocurren muy a menudo”, indicó Neumann Zayas.
De acuerdo con el Departamento de la Familia, “el protocolo a seguir en el manejo de casos menores víctimas de abuso sexual está establecido en un manual conocido como “Guías Sugeridas para el manejo de Casos con Sospecha de Abuso Sexual”. El mismo establece los objetivos, responsabilidades, prácticas y procedimientos para proveer los servicios, los criterios de elegibilidad y de exclusión, estándares de calidad y prácticas generales para la administración de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (CIMVAS).
¿Me gustaría saber cuáles son los protocolos que sigue Familia en caso de agresión sexual? ¿Ustedes tienen inherencia o están a cargo de ese protocolo?, preguntó Neumann Zayas a la subsecretaria de la Familia. La contestación fue en la negativa y esta añadió que todo depende a donde llega la víctima. “Si es un menor la entidad tiene una responsabilidad de comunicarse con el departamento de la familia. Tienen que comunicarse con la línea donde hay un trabajador social para atender el caso”, explicó la subsecretaria.
Todo caso relacionado a una menor llega a CIMVA. Luego de esto, se citan a los colaterales incluyendo a los que recibieron la información primero, especifico Velázquez.
Mientras para la senadora Laboy Alvarado existe una falta de comunicación entre las agencias concernientes a este tema. “Una cosa que me ha dado cuenta es una falta de comunicación de las agencias que tienen que ver con esto y tenemos víctimas de agresión sexual sin que se les haya hecho justicia y con su admisión también a menores. En adición tenemos agresores sexuales en la calle por esto”, enfatizó.
“Que nos envíen las estadísticas en relación a los casos de agresión sexual a menores y los “rape kits”, cuantos casos llegan a CIMVAS, cuantos han llegado a una conclusión o convicción. En adición quisiera que nos dieran una recomendación sobre, que debería incluir las obligaciones y responsabilidades de Familia ante estos casos y cómo podemos mejorarlo a favor de estas víctimas”, pidió Zoe Alvarado.
Mientras tanto el senador Miguel Pereira Castillo, pidio solución al problema. “En la medida en que ustedes en sus posiciones puedan influenciar para que todo esto cambie, esto cambiará”, dijo el legislador.
La Asociación de Hospitales a través de Santiago se cantó no estar en posición de emitir una opinión informada sobre el estado de los “rape kits” en los hospitales, “ya que no poseemos datos específicos sobre la información que pretenden recopilar”, indicó.
“Que mecanismos tenemos los hospitales para que las cosas se agilicen. No tenemos los suficientes mecanismos”, se quejó Santiago ante el reclamo sobre todo el trabajo que realizan también a nivel comunitario, pero encuentran escollos. “En los casos de personas adultas muchas veces no quieren someterse a las pruebas y es una situación con la que nos encontramos frecuentemente”, añadió.
Tanto Neumann Zayas como Laboy Alvarado se comprometieron a radicar legislación para que a las víctimas se les haga justicia.