Documentos en poder de Metro, con fecha del 16 de junio de 2016, confirman que la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) mantiene una investigación activa sobre posibles violaciones éticas por parte presidenta de la Oficina sobre Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), licenciada Nydia Cotto Vives.
La confirmación surgió el mismo día en que la OEG confirmó que también lleva a cabo una investigación sobre posibles violaciones éticas en contra de la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, luego de que recibiera un referido por parte de La Fortaleza.
Los señalamientos surgen de una investigación que hiciera la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) en contra de Esteban Pérez Ubieta, administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), y Elaine Porrata Toro, administradora auxiliar de Servicios Operacionales de esa dependencia del Departamento de la Familia (DF).
El 19 de junio de 2014, la OCPR notificó al DJ sobre la auditoría que había realizado en la ADSEF, acompañada de un memorando en el que notificaba las alegaciones en contra de Cotto Vives. El 10 de junio de 2016, el DJ hizo un referido a la OEG, sobre posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por parte de la presidenta de la OPFEI.
En ese momento, el subsecretario del DJ, Rafael Ortiz Carrión, era quien estaba a cargo del caso, debido a que el entonces secretario de Justicia, César Miranda, había presentado una inhibición.
Luego, el 16 de junio de 2016, la directora ejecutiva de la OEG, licenciada Zulma R. Rosario Vega, emitió una carta de inhibición delegando en la subdirección ejecutiva de la OEG todo asunto relacionado con el referido de Justicia sobre la presidenta del PFEI.
“Yo desconozco qué investigación, si alguna, puede estar haciendo la oficina de Ética Gubernamental, pero sí te puedo garantizar que, como jurista y una profesional adherida y observadora la ley, siempre, en toda mi trayectoria, he respetado las agencias que, en su función, están cumpliendo con su misión institucional”, expresó Cotto Vives en declaraciones exclusivas a Metro. “Cada agencia que cumpla con lo que tiene que hacer. Nadie está por encima de la ley”, añadió la presidenta de la OPFEI, quien fungía como asesora legal de la ADSEF al momento en que la OCPR realizó la auditoría.
Según las declaraciones de la OEG, a través de su portavoz, para que una investigación concluya, es necesario obtener toda la prueba documental o testifical —o ambas— que sostenga violaciones a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG).
En ese momento es cuando la Oficina presenta una querella contra un servidor o exservidor público. “Si la prueba documental o testifical no sostiene o evidencia violaciones a la LOOEG, se procede a archivar la investigación”, pero la pesquisa está aún en proceso.
“Hasta que la investigación no culmina, el proceso es uno confidencial. En esta ocasión, le he confirmado sobre la investigación porque usted cuenta con documentos que así los sustentan”, indicó.
En la carta, Justicia sostuvo en ese entonces que, a su juicio, los hechos señalados “no sostienen la comisión de un delito. Sin embargo, plantea una serie de interrogantes que, sostiene, “deben ser objeto de examen por la OEG”.
Entre las interrogantes sin respuesta, Justicia cuestionó: ¿Tenía la licenciada Cotto Vives un interés personal en que sus honorarios no fueran señalados por la OCPR? ¿Podía la licenciada Cotto Vives representar objetivamente los intereses de la ADSEF en lo que respecta a sus propios honorarios? ¿Podía intervenir en la reunión que sostuvo la OCPR en torno a sus propios honorarios? ¿Podía preparar la contestación de la ADSEF en torno a sus propios honorarios? ¿Puede una persona razonable interpretar que los intereses personales de la licenciada Cotto Vives respecto a esos honorarios estaban en pugna con los intereses de la ADSEF?
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En los informes de la Oficina de Asuntos del Contralor del DJ y la OCPR, específicamente, se alude que la licenciada Cotto Vives incurrió en un posible conflicto de intereses al intervenir en la contestación a un requerimiento y en una reunión efectuada entre la OCPR y la ADSEF, ya que, tanto en el requerimiento como durante la reunión, se cuestionaron los honorarios pactados en uno de los contratos otorgados a favor de la propia licenciada Cotto Vives.
También se alega que la licenciada cuestionó la urgencia con la que la OCPR ocupaba computadoras de la ADSEF y manifestó no estar de acuerdo con el proceso. En esas computadoras, la OCPR sostuvo haber encontrado “evidencia sobre la desviación de procesos establecidos”.
La investigación contra Pérez Ubieta generó gran controversia en 2016, cuando los miembros del FEI accedieron inhibirse de la investigación cuando el caso les fue referido, precisamente porque Cotto Vives había fungido como asesora legal de ADSEF al tiempo que ejercía su cargo de presidenta de la OPFEI, de modo que cabía la posibilidad de que su nombre fuera mencionado de alguna manera en el caso. La licenciada también se había inhibido de la investigación.
“Es un caso en el que hay una inhibición de mi parte, en la Oficina de Ética Gubernamental, antes de que llegara ningún issue (asunto) al FEI”, sostuvo.
El caso fue investigado finalmente por los fiscales especiales independientes Iris Meléndez Vega y Guillermo Garau Díaz, y se atiende actualmente en el Centro Judicial de San Juan.
