El mismo día que Metro tuvo acceso a las sugerencias presentadas en el informe sobre los furgones que se encontraron y luego se removieron de las instalaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización de todos los procedimientos de la investigación que señala violaciones por parte de Ramón Morales, quien es el director de la Oficina de Seguridad.
El documento expone varias recomendaciones, específicamente, sobre el manejo de la Oficina de Seguridad Interna y su director.
Según se informa, a raíz de la investigación, Morales incurrió en violaciones del Artículo V del “Manual personal de Seguridad” por el traslado de los contenedores con suministros. Dentro de este artículo, se indica que el funcionario no cumplió con “la protección de la vida, propiedad y mantener el orden en la Comisión, así como el velar por las leyes, reglamentos, normas y mantener el orden en las inmediaciones de los edificios o áreas bajo el control de la CEE”.
Además, el informe muestra que Morales incumplió con el Código Electoral —que establece que la Oficina de Seguridad Interna debe responder a las normas de balance político— al ordenar la noche del 10 de agosto de 2018, “directrices específicas a los oficiales de seguridad identificados con el Partido Popular Democrático, asignados para dar servicio al edificio de Operaciones Electorales, para que se trasladaran al edificio administrativo a cumplir su turno”.
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Por otro lado, el escrito detalla que, al momento de los hechos, y en la actualidad, no existen cámaras de seguridad en el área de carga, por lo que recomendaron revisar el sistema de estas, su ubicación y mejorar su mantenimiento, así como establecer un protocolo de custodia de las grabaciones para garantizar su integridad.
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Asimismo, se indica que el registro de entradas y salidas de vehículos no se maneja de forma adecuada. De acuerdo con la información, en la actualidad no se puede garantizar la integridad del registro, ya que, “en ocasiones, no se anota la fecha, o no se firma la hoja”.
Por estas faltas en las normas de conducta nueve del “Manual de normas de conducta y medidas disciplinarias de la CEE”, que habla sobre insubordinación a un supervisor y la negativa a obedecer órdenes, se recomendó la suspensión de empleo y sueldo de 60 a 90 días. De igual manera, se indicó que se recomienda la misma sanción por la violación a la norma de conducta 41 por no cumplir con reglas o normas de seguridad, al igual que por la norma 45, que se refiere a ocultar, tergiversar o declarar falsamente sobre hechos constitutivos de violaciones. Sin embargo, el mismo documento, cuando se expresa sobre la falta de norma de conducta 48, la cual se refiera a la incapacidad en el desempeño de su puesto, sugiere que se debe destituir al empleado.
Otra persona señalada por el manejo de los vagones, y que en el informe indica que no cumplió con las mismas normas de conductas que Morales, es el supervisor de Seguridad, Miguel Martínez.
La investigación realizada por la CEE, y que culminó con estas recomendaciones, fue paralizada luego de que la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresistas, Norma Burgos, apelara la decisión de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de primera instancia, que había declarado no ha lugar su petición.
Por su parte, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Miguel Ríos reveló el miércoles que el informe de la CEE sobre el manejo de los vagones con suministros para damnificados del huracán María, adjudica la responsabilidad a Ramón Morales, jefe de seguridad de la oficina de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos.
En una entrevista radial (Radio Isla), Ríos confirmó que vio el informe el martes y que votó por el mismo. Detalló que el documento tiene ocho recomendaciones en las que se establecen todo el proceso que se siguió para sacar los vagones de la CEE y cuáles fueron las violaciones.
“Eso es así”, dijo categóricamente al preguntársele sobre si el informe adjudica la responsabilidad a los oficiales de seguridad asignados a la oficina de Burgos.
Además, afirmó que su inferencia es que Morales removió el personal de seguridad asignado a la oficina del comisionado popular, para entonces sacar los furgones el pasado 10 de agosto.
“Eso es así porque el señor Morales, fue él personalmente, removió los guardias, llevó unos guardias de él y le hizo un informe al presidente de la Comisión que decía que él se había encargado con el Capitán Tosas de la Guardia Nacional de sacar (los vagones) y encargarse de que saliera todo correcto. Fue tan correcto que no llevaron ni siquiera el protocolo de saber quién entraba, quien salía, que camión entraba, que camión salía”, relató Ríos.
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