El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a que extienda por seis meses la moratoria sobre la certificación de instalación de los asientos protectores, según requerido en la Ley de Vehículos y Tránsito.
Dicho requisito legal y la imposición de una multa de $100 entraba en vigor el próximo 1 de octubre.
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La moratoria permitirá que se trabaje nueva legislación para enmendar la disposición que requiere una certificación por conductor y vehículo que ha ocasionado problemas de implementación.
“Ante el comienzo de este nuevo requisito para la ciudadanía, todavía existen en los ciudadanos dudas sobre la manera y forma en que se obtiene la certificación sobre instalación adecuada de los asientos protectores. De igual forma, no contamos con suficientes técnicos para atender la gran demanda para estas certificaciones y la ley debe ser aclarada para impedir cargas onerosas a las familias que transportan y comparten la tarea de cuidar niños”, expresó el primer ejecutivo.
Asimismo, añadió que “ante esto, he ordenado la extensión de esta moratoria de seis meses hasta abril 2019 en lo que se trabaja con legislación aclaratoria”.
A tales efectos, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía de Puerto Rico y las policías municipales no podrán emitir las multas de $100 que dispone la Ley 22, si el conductor no cuenta con la certificación de que el asiento protector fue instalado adecuadamente.
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El secretario del DSP, Héctor M. Pesquera, se expresó complacido con la solicitud del gobernador e indicó que “he ordenado al Comisionado de la Policía que acate esta instrucción y que ordene a los agentes estatales a no intervenir con los conductores para solicitar la certificación”.
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Rosselló Nevares sostuvo que “reconozco la labor titánica de la Policía, del Cuerpo de Bomberos y de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito para poner en vigor este andamiaje. Sin embargo, entiendo que la extensión de tiempo y la enmienda de la ley son necesarias”.
El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés expresó que “por instrucciones del gobernador, esta semana estaremos presentando legislación para asegurar que se cumple con la intención legislativa de proteger a nuestros niños sin poner una carga onerosa en nuestras familias. La certificación deberá ser una muestra de orientación a algún miembro de la unidad familiar que evidencie que un miembro de la unidad familiar está capacitado para instalar asientos protectores y que pueda ser transferible”.
El gobernador concluyó al expresar que “exhortamos a todos aquellos que transportan menores en sus vehículos a que continúen asistiendo a los lugares designados alrededor de toda la Isla para que obtengan su certificación y no lo dejen para el último momento”.
Para más información sobre los centros disponibles para obtener la certificación, puede acceder a www.comisionparalaseguridadeneltransito.com o en las cuentas de Facebook y Twitter de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y del Negociado de Bomberos.
