En el salón 228 de la escuela intermedia Carmen Feliciano Carreras, de Río Grande, Maribella Díaz imparte su última clase del día. Su hijo, Dérek Canales, permanece sentado, dibujando junto a otros dos estudiantes.
Diagnosticado con ceguera y perlesía cerebral, Dérek todavía espera por su primer día de clase en el décimo grado de la escuela superior Isidro Sánchez, de Luquillo. A casi un mes del comienzo del año escolar, el Departamento de Educación no le ha asignado un asistente de servicio ni una maestra de Educación Especial. Es por esto que el adolescente acompaña a su madre al trabajo hasta tanto se resuelva la situación.
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A juicio de Dérek, el Gobierno falla a la hora de garantizar los servicios básicos a los que tiene derecho la población de Educación Especial.
“En realidad, pienso que el gobernador no está haciendo su trabajo. Un gobernador protege a su pueblo y él no lo está protegiendo. Podemos ser una población con problemas, pero no somos menos que nadie”, dijo el joven estudiante de 15 años.
Por su parte, Díaz cuestiona dónde están las prioridades del Gobierno. “El Gobierno gasta muchísimo dinero en cosas banales. Un servicio básico como la educación, y lo que necesita un estudiante, deberían ser prioridad”, sostuvo.
Más allá de ofrecer la definición genérica de “salud, educación y seguridad”, el Gobierno y la Junta de Control Fiscal dejaron entrever al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que no definirán qué servicios, programas y gastos son prioridad a la hora de abrir la chequera de un país quebrado y con su economía en el piso.
En quiebra o sin estarlo, antes y después del huracán María, el Gobierno de Puerto Rico lleva años siendo incapaz de proveer adecuadamente servicios esenciales a los ciudadanos. En el caso de Dérek, por ejemplo, su problema está lejos de ser uno nuevo. Año tras año, a principios de cada verano, su madre radica querellas en el Departamento de Educación para asegurarse de que el joven tenga a alguien que lo asista como anotador, lector y a moverse tan pronto comience el curso escolar. Este año, sin embargo, lleva tres querellas sin resultados y casi un mes de clases perdido.
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“Este año ha sido el más nefasto”, lamentó Díaz.
Hace unos días, Educación admitió que aún faltaban por cubrir 219 puestos de asistentes de servicios a estudiantes (clasificados T1). El programa de Educación Especial recibió este año $74 millones menos en su presupuesto. Este renglón es solamente uno de cientos que sufrieron reducciones en sus asignaciones presupuestarias, conforme al plan fiscal certificado por la Junta.
A Díaz no le extrañaría que estos recortes tengan que ver con la tardanza de Educación en identificar el personal necesario para atender adecuadamente las necesidades. En su caso, recuerda que los asistentes de servicio que necesita su hijo han dicho que se sienten “discriminados” y mal pagados, mientras que trabajan bajo contratos de corto plazo y en ocasiones están meses sin cobrar.
Sin una definición de qué es un servicio esencial, ¿cómo y quién decide qué servicios tienen prioridad a la hora de asignar fondos públicos? ¿El Gobierno o la Junta?
Es “discreción” de la Junta
Para la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, asegurar que se destinan suficientes recursos a los servicios esenciales es una “discreción” de la entidad impuesta por la ley federal PROMESA.
A preguntas sobre qué es un servicio esencial, Jaresko sostuvo durante una entrevista con el CPI que “es la definición que ves en la ley, nada más allá de eso”. Pero PROMESA no define servicio esencial. En sus 62 páginas, solo menciona el concepto en tres ocasiones y ninguna brinda una definición.
Desde La Fortaleza tampoco definirán el concepto. Definir servicios esenciales “no es tan simple”, dijo el representante del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la Junta, Christian Sobrino.
“El concepto de servicios esenciales muchas personas quisieran que estuviera definido de una manera fácil, pero cuando se va a la práctica, no es tan simple”, dijo el funcionario. “Nadie duda que tener una escuela con maestros, que provee a la mayor población de niños y jóvenes posibles, es un servicio esencial. Nadie duda eso. Pero cuando uno va al detalle, hay gastos o inversión que hay que hacer que, cuando vas línea por línea, quizás nosotros razonablemente, podemos discrepar si un servicio o un gasto particular es esencial o no para esa misión en general”, añadió.
¿Cómo pueden estar la Junta y el Gobierno seguros de que destinan suficiente dinero a servicios esenciales, como les ordena PROMESA, sin tan siquiera tener una definición?
“Creemos que, en el presupuesto y el plan fiscal, aseguramos el financiamiento de servicios públicos esenciales. Bajo PROMESA, queda a discreción de la Junta”, opinó la directora de la Junta. Aunque aseguró que el objetivo de la Junta es garantizar los “servicios públicos que son necesarios”, Jaresko alegó que este no es un tema que discuta con el Gobierno.
En el caso de Sobrino, este aseguró que ocurre un “escrutinio” todos los días a través de procesos tales como el presupuesto, la revisión de contratos y gastos, y la lupa de la Junta y de la jueza federal a cargo de la quiebra, Laura Taylor Swain.
“El escrutinio de si cumple o no con el mandato [de PROMESA], hay muchas partes que lo ejercen y muchas instancias en el proceso de gastos y el judicial que proveen el crisol para esa evaluación”, sostuvo Sobrino, sin responder de forma directa cuando se le cuestionó cómo se asegura de que el proceso decisivo garantiza que se cubran los servicios esenciales.
La Junta y el Gobierno permanecen en disputa sobre el presupuesto de este año fiscal. El pasado mes de agosto, la jueza Swain falló en contra del Gobierno y validó el poder de la Junta sobre toda decisión presupuestaria, incluida la última palabra a la hora de decidir en qué, cuándo y cuánto se gasta el dinero de los contribuyentes de Puerto Rico.
