El alcalde de Yauco, Ángel Luis “Luigi” Torres, aseguró el miércoles, que los cheques de 177 empleados contratados en el municipio, se les pagó por concepto del Departamento del Trabajo Federal, pero la quincena regular no se les pagó.
“En esencia lo que se desprende de la investigación de fiscalía (federal) es que sí se le entregó el cheque al empleado, lo que no sucedió fue que, aún entregando ese cheque ellos tenían derecho a cobrar su quincena regular, y eso se le retuvo y no se le pagó. Pero que el cheque del Departamento Laboral en esencia, se le entregaron a los empleados, y lo cobraron, dijo Torres en entrevista con WPAB 550.
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“Particularmente cuando yo llego a la alcaldía la exdirectora de Recursos Humanos de la pasada administración me hace entrega del listado de empleados que se le debía pagar mensualmente una deuda con el Departamento del Trabajo Federal. Ese dato no había salido en el comité de transición”, sostuvo el mandatario municipal.
“Particularmente era una deuda ascendiente a 588 mil dólares por concepto de obras voluntarias y en aquel entonces, habían comenzado a apagarlos desde febrero de 2015 y cuando yo entro en enero de 2017, que advengo en conocimiento, comienzo a pagar nuevamente según está establecido por el Departamento de la Labor Federal y, entonces, hay unos empleados municipales que se me acercan y me notifican que ellos debieron estar en ese listado y que no estaban. Lo cual yo les dije que tengo que regirme por el Departamento Laboral y que si tenían una reclamación, podían ir a los foros pertinentes”, relató.
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Explicó que su primera gestión al frente del ayuntamiento yaucano, identificó fondos procedentes de patentes y comenzó el pago requerido.
“Tan pronto comenzamos en abril de mi primer año (como alcalde), con los ingresos de patentes, comenzamos a pagar estas deudas, luego llegó el huracán María, que la mayoría de los municipios tuvimos insuficiencia de caja, y regresé a pagar en el mes de enero (2018) hasta el mes de abril de este año donde, hasta el momento, esta demanda del Departamento Laboral fue a 177 empleados de los cuales ya al día de hoy les hemos pagado a 132, quedando por pagar 45 empleados no activos en el municipio”, dijo el alcalde.
“Todos los empleados activos del municipio les hemos saldado la deuda con el Departamento Laboral Federal”, añadió.
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Explicó que los restantes 45 empleados por pagar no tienen contrato activo en el municipio.
El alcalde aseguró que no recibió acercamientos por las autoridades federales para entrevistarlo, pero sí autorizó la revisión de cheques del municipio sobre ese asunto.
Ansioso el alcalde de Yauco
“No. Personalmente me notificaron si podíamos autorizar a buscar copias de cheques y copias de nómina y así di la instrucción para que se les dieran los mismos”, concluyó.
La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez dijo que el arresto del senador y ex alcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones fue por supuestamente producir documentos falsos y fraude electrónico al Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
“La conducta de Nazario Quiñones socava la confianza que los empleados depositan en sus patronos. El alcalde de Yauco no protegió a sus empleados y cometió un esquema para defraudarlos”, dijo Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.
Según Rodríguez Vélez, la supuesta violación se debe a que cuando fue alcalde, una auditoría de la Contralora, Yesmín Valdivieso encontró que Nazario Quiñones obligó a unos empleados a trabajar dos horas de manera voluntaria. El caso fue referido al Departamento del Trabajo federal, el cual determinó que esa orden era una violación a la Ley federal de Trabajo Justo (Fair Labor Standards Act).
En febrero de 2015, el exalcalde firmó un acuerdo de cumplimiento con el Departamento del Trabajo federal en el cual él se comprometía con pagarle 588, 961 dólares a 177 empleados por horas trabajadas y no pagadas en el periodo del primero de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014. Se le dio hasta febrero de 2018 al municipio para cumplir con los pagos.
Una auditoría de seguimiento en agosto de 2016 encontró que a pesar de que se le había pagado a los empleados parte del dinero adeudado, unilateralmente el municipio les retenía el salario regular sin el conocimiento ni consentimiento del Departamento del Trabajo federal. El asunto se refirió a la Oficina del Inspector General.
De ser hallado culpable, se expone a una pena de cárcel de 20 años y una multa de hasta un millón de dólares.
