La Jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró “no ha lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción” presentada por la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, en busca de paralizar la investigación anunciada por la Comisión Estatal de Elecciones sobre los vagones encontrados en los predios de la oficina gubernamental.
Tras la petición, la togada citó a las partes a una vista para “dilucidar la procedencia de la revisión solicitada”. La vista será el próximo 14 de septiembre a las dos de la tarde.
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Al anunciar el recurso legal presentado, Burgos expresó que “es importante señalar que el presidente interino posee a su vez el puesto de segundo vicepresidente en representación del Partido Popular Democrático (PPD) por lo cual, es un subordinado del comisionado electoral del PPD y no ha podido representar el interés público como requiere el cargo de presidente. Además, la investigación ilegal que fue ordenada por el presidente interino, fue solicitada por el comisionado electoral del Partido Popular, lo que evidencia que dicha investigación ilegal está motivada políticamente”.
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Burgos señaló, que Nicolás Gautier decidió proceder con la investigación aun cuando entiende que la CEE no tiene jurisdicción sobre el asunto.
“La facultad de investigar de la CEE está limitada a asuntos de naturaleza electoral conforme a lo dispuesto en los Artículos 3.002 y 3.005 del Código Electoral. La Comisión no tiene jurisdicción para realizar una investigación ilegal de corte cuasi criminal o asuntos correspondientes a otras instituciones o agencias. Dicho sea de paso, actualmente está en curso una investigación exhaustiva ordenada por el secretario de la gobernación y tanto la secretaria de Justicia como la jefa de la Fiscalía Federal se han expresado al respecto”, sostuvo Burgos.
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Además, la exsenadora agregó que “el presidente interino, ordenó ilegalmente la constitución de un comité de investigación y el comienzo de los trabajos, con lo cual han citado testigos con la advertencia de que pueden tener asesoramiento de abogado. Además, han hecho requerimientos de información. Todo esto sin esperar que el término de diez días haya transcurrido, para que la determinación advenga final y firme. Además, han utilizado fondos públicos, so color de apariencia de autoridad sobre el asunto. Como cuestión de hecho, en la más reciente investigación ordenada por Nicolás Gautier, le costó a la CEE $10,000 una sola transcripción”.
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