Para la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) el presupuesto que se apresta a aprobar hoy en la Cámara de Representantes el Partido Nuevo Progresista (PNP) está desbalanceado por $435 millones, y esto podría representar el despido de 20,000 empleados públicos.
De acuerdo a un grupo de representantes de la pava que son parte de la Comisión de Hacienda, el déficit es a razón de que no se ha aprobado el Nuevo Código de Inventivos, que según el PNP redundaría en un ahorro de $300 millones al fisco y la aprobación de la Reforma Contributiva, que dejaría otros $135 millones en ahorros.
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“Estamos hablando de una diferencia marcada de $435 millones entre el presupuesto para el próximo año fiscal y en plan fiscal certificado, lo que implica que después de la aprobación irresponsable por parte de la legislatura del PNP, el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal van a hacer lo mismo que hicieron con el presupuesto vigente, modificarán unilateralmente las partidas presupuestarias en julio, para cubrir este déficit tan marcado, lo que presupone la inminente posibilidad del despido de aproximadamente de 20,000 empleados públicos, si tomamos como ejemplo el salario anual promedio de un empleado gubernamental que oscila en los $21 mil y que provocará, además, la cancelación de servicios directos al pueblo”, soltó el representante Luis Raúl Torres.
Para el representante Jesús Santa esto significa que el PNP ha “claudicado” ante la Junta de Control Fiscal (JCF), quienes serán en última instancia los que aprueben su propio presupuesto.
Y es que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), exige presupuestos balanceados como condición para eliminar la JCF.
Por su parte, Javier Aponte Dalmau y Jesús Manuel Ortiz criticaron el proceso de evaluación del documento, que solo tuvo tres vistas públicas a las que nunca acudió la Junta de Planificación para informar las proyecciones de recaudo.
“¿Si usted no sabe cuánto van a ser sus ingresos, cómo usted sabe cuánto va a gastar?”, cuestionó Aponte Dalmau.
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Ortiz agregó que luego de que el equipo económico del gobernador defendió el presupuesto, que fue producto de un acuerdo entre la Fortaleza y la JCF, varios jefes de agencias de la misma administración acudieron a las vistas públicas a quejarse.
“Días más tarde llegó el componente de Seguridad Pública y dijo que no podía operar con el presupuesto que un día antes el componente fiscal dijo que era parte del acuerdo”, manifestó.
