El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó hoy que se puede exigir a los minoristas que realizan ventas a través de internet que cobren los impuestos en los estados en los que no tienen presencia física.
De acuerdo a The New York Times, las empresas de ladrillo y piedra se han quejado durante mucho tiempo de que están en desventaja al tener que cobrar impuestos a las ventas, mientras que muchos de sus competidores en línea no lo hacen. Asimismo, los estados han dicho que están perdiendo decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales en virtud de un fallo de la Corte Suprema de 1992 que ayudó a impulsar el aumento de las compras por internet.
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El tribunal anuló esa decisión del caso Quill Corporation v. North Dakota, que decía que la Constitución prohíbe a los estados exigir a las empresas que cobren impuestos sobre las ventas a menos que tengan una conexión sustancial con el estado.
El juez Anthony M. Kennedy escribió en la opinión de mayoría (5-4) que la decisión de Quill había distorsionado la economía de la nación y había causado que los estados perdieran ingresos fiscales anuales entre $8 mil millones y $33 mil millones.
“El comercio electrónico se ha convertido en una parte importante y vibrante de nuestra economía nacional en el contexto de las reglas establecidas, incluida la regla de presencia física”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., en la opinión disidente. “Cualquier modificación a esas reglas con el potencial de interrumpir el desarrollo de un segmento tan crítico de la economía debe ser llevada a cabo por el Congreso”.
“Quill pone tanto a las empresas locales como a muchas empresas interestatales con presencia física en una desventaja competitiva en relación con los vendedores remotos”, escribió. “Los vendedores remotos pueden evitar las cargas regulatorias de la recaudación de impuestos y pueden ofrecer precios de facto más bajos causados por la falla generalizada de los consumidores para pagar el impuesto por sí mismos”.
Los jueces Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg, Samuel A. Alito Jr. y Neil M. Gorsuch se unieron a la opinión mayoritaria.
En desacuerdo, el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., indicó que los fallos de la corte en esta área habían sido “erróneamente decididos”. Apuntó, además, que el asunto debía haber sido atendido por el Congreso.
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“El comercio electrónico se ha convertido en una parte importante y vibrante de nuestra economía nacional en el contexto de las reglas establecidas, incluida la regla de presencia física”, escribió. “Cualquier modificación a esas reglas con el potencial de interrumpir el desarrollo de un segmento tan crítico de la economía debe ser llevada a cabo por el Congreso”.
Los jueces Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan se unieron a la disidencia.
En Puerto Rico, además de Amazon, otras 16 tiendas en línea ya cobran o comenzarían a cobrar el IVU tras lograr acuerdos con el Departamento de Hacienda, informó la subsecretaria de esa agencia, Roxana Cruz Rivera, en una entrevista en marzo. En la Isla, el cobro del IVU en las ventas por internet comenzó luego de que se aprobara la Ley 25 de 2017.
Según Times, luego de la decisión del Supremo, las acciones en Amazon bajaron 1% en las operaciones, a $ 1,731.59. Pero otras compañías de comercio electrónico sufrieron golpes mucho más fuertes: las acciones en Etsy, el mercado de artesanías, cayeron un 4.5%, a 42,21 dólares, mientras que las de Wayfair, un popular vendedor de artículos para el hogar, cayeron un 3.2%, a 112,42 dólares.
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