Flanqueado por alcaldes, representantes y asesores, el gobernador Ricardo Rosselló llegó al Capitolio para reunirse en caucus con la delegación del Partido Nuevo Progresista en busca de los votos en el Senado para derogar la Ley 80, que protege a los trabajadores de despidos injustificados.
Una vez en las inmediaciones, el mandatario soltó que debemos tomar las decisiones de “adultos” en la isla, y que el inmovilismo de no eliminar el estatuto podría hacer que el Congreso enmiende la Ley Promesa para darle más poder a la Junta de Control Fiscal.
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“Todo el mundo está observando a Puerto Rico, las acciones de adultos que tenemos que tomar en estos momentos difíciles, la negativa de responder ya podría estar circulando en Washington DC., es qué poderes adicionales le podrían dar a una Junta de Supervisión Fiscal ante la negativa de que aquí se estén tomando acciones”, comentó Rosselló.
El mandatario, antes de entrar a la reunión que aún continúa en el Senado, reiteró que el acuerdo con la JCF fue para salvar el Bono de Navidad y las licencias para días de enfermedad y vacaciones, así como otros aspectos.
La semana pasada, la Cámara de Representantes votó para eliminar la Ley a todo empleado con menos de 15 años en un trabajo y creó un fondo de dinero público $100 millones para compensarlos si se les despide injustificadamente.