El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un nuevo protocolo sobre la pena de muerte que busca agilizar las ejecuciones y que contempla la posible restitución del pelotón de fusilamiento a nivel nacional.
El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la iniciativa al afirmar que la administración anterior no aplicó con firmeza el castigo máximo contra los criminales más peligrosos.
Actualmente, Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah permiten el fusilamiento, aunque en la mayoría de los casos su uso depende de la elección del condenado.
Entre las medidas propuestas figura una norma para acelerar la revisión federal de los recursos de hábeas corpus en casos de pena capital, lo que podría reducir en años el tiempo entre la condena y la ejecución.
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El Departamento también restableció el protocolo de ejecución con pentobarbital, utilizado durante el primer mandato de Donald Trump, y defendió su compatibilidad con la Constitución tras nuevos análisis.
Además, plantea restringir las solicitudes de clemencia, de modo que los condenados no puedan presentarlas hasta que concluyan las principales fases de apelación.
El paquete incluye igualmente propuestas para ampliar el corredor de la muerte o construir nuevos centros de ejecución, con el objetivo de reforzar la aplicación de la pena capital, disuadir delitos y ofrecer reparación a las víctimas.
