Hoy podría ser cuando se decida el futuro de la Ley 80, que protege a los trabajadores de despidos injustificados, cuando el proyecto cameral para derogarla sea atendido en el caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) del Senado, tal y como lo anticipó el presidente de dicho cuerpo, Thomas Rivera Schatz.
De tener los votos para su eliminación, la medida tiene posibilidad de ser considerada en el pleno de la Cámara Alta en la sesión que comenzará a las 12 del medio día. Por otra parte, si se queda corta de apoyo, tendría que ir a comité de conferencia.
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Y tal parece que el panorama dentro del caucus será tumultuoso, pues imperan las opiniones encontradas sobre la derogación, y sobre la enmienda que la Cámara de Representantes incluyó en la pieza 1011 del Senado, para crear un fondo de $100 millones de dinero público para subvencionar los despidos injustificados de empleados privados.
De la reunión previa a la sesión también participarán los alcaldes del PNP, quienes están a favor de la eliminación, según confirmaron a Metro el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, mandatario de Arecibo y el vicepresidente del organismo Noé Marcano, ejecutivo municipal de Naguabo.
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“Mañana voy a estar participando del caucus y estaremos allí con el favor de Dios. Estamos de acuerdo con el proyecto como el gobernador lo envió”, sostuvo Marcano. Mientras agregó: “Algo tenemos que ceder, no podemos seguir vendiendo con un bolsillo de maví”.
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Pero tanto Rivera Schatz, como algunos senadores de su equipo se mantienen en férrea oposición a la eliminación del estatuto, por considerar que no hará crecer la economía de la isla, como señala la Junta de Control Fiscal (JCF). El viernes, el presidente senatorial fue claro y comentó: “El Senado no debe concurrir con la versión aprobada por la Cámara de Representantes. La JCF se precipitó en sus declaraciones apoyando la versión de la Cámara. Con mucho respeto debo señalar que la medida enmendada adolece de graves deficiencias jurídicas, y contradice las políticas de austeridad que la propia JCF tanto reclama”. El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, apoyó las declaraciones de su superior.
Mientras, el senador Abel Nazario indicó también ayer que votaría a favor de la eliminación porque “el gobernador es el jefe de Estado, porque es él quien negoció [con la JCF]”.
Rosselló, por su parte, dijo ayer por segunda vez que Rivera Schatz fue quien sugirió la enmienda de crear un fondo de $100 millones subsidiados por el erario para pagar por los despidos injustificados, algo que el presidente del Senado desmintió públicamente.
