Sin los votos para eliminar Ley 80

El acuerdo entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal (JCF) para derogar la Ley 80, que protege a los trabajadores de despidos injustificados, no tiene apoyo para ser aprobado en la Asamblea Legislativa, según informaron miembros de la delegación de mayoría luego de una reunión de caucus celebrada ayer antes de la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes.

La Cámara Baja, según su presidente Carlos “Johnny” Méndez, continúa en conversaciones con la Fortaleza para llegar a algún acuerdo.

“Hoy [ayer] no va a estar en discusión. Todavía seguimos dialogando con el Senado y con Fortaleza. […] No, no los tiene [los votos]”, acotó Méndez a la prensa.

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Desafíos en la protección del planeta

Por su parte, el representante José “Quiquito” Meléndez indicó en entrevista con Metro que nunca hubo los votos en la delegación de su colectividad para aprobar ninguna de las versiones. Agregó que aún la JCF no ha podido probarle a la Asamblea Legislativa cómo la economía crecerá al quitarle derechos a los trabajadores.

Meléndez afirmó que la Cámara de Representantes está lista para ir a los Tribunales a luchar contra la derogación, si es que la JCF decide tomar ese rumbo.

“Esto va a terminar en la corte, esto va para el Tribunal. Vamos al Tribunal ahora o en el 20[20]. La gente no puede perder de perspectiva que, en el 20[20], comienzan los recortes a las pensiones y nosotros no lo vamos a aceptar”, comentó el legislador.

Al tiempo, dijo que al analizar el nuevo presupuesto buscarán un ahorro de $300 millones, proyección de crecimiento económico que la JCF presuntamente adjudicó a la derogación de la Ley 80, para tenerlo como recurso en las cortes.

“Ellos están proyectando que la derogación de la Ley 80, más o menos estiman .3 % de crecimiento macroeconómico, y esos son cerca de $300 millones de pesos. Si nosotros podemos, en el presupuesto, enfocarnos ahora a hacer unos ahorros por una cantidad similar en una partida aparte, cuando ellos nos lleven al Tribunal, no van a tener excusas. Porque van a decir: ‘Espera, ¿por qué tú quieres que ellos eliminen la Ley 80 si ahorraron esto por otro lado?”, mencionó Meléndez.

Por su parte, el portavoz  de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo: “Es un capricho de la Junta y yo no voy a responder a un capricho de la Junta. Yo creo que es un buen momento para enfrentar a la Junta”.

Avalan “por un pelo” privatización de AEE

Con 27 votos a favor de los 26 necesarios para su aval, la Cámara de Representantes concurrió ayer con las enmiendas que introdujo el Senado al proyecto para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras que otros 14 miembros de la minoría se expresaron en contra y dos se abstuvieron —los representantes Lourdes Ramos y Carlos Bianchi— por ser empleados de carrera de la dependencia.

Además del permiso para realizar las transacciones de venta y concesión de los activos de la corporación pública, la pieza incluye disposiciones para, en el futuro, establecer una nueva política pública energética que debe ser avalada en otro proyecto de ley en 180 días.

Asimismo, la medida del Senado propone que, para asegurar “la transparencia y pureza del proceso”, es un requisito que la Asamblea Legislativa apruebe toda transacción de venta de los activos de la corporación pública. Los legisladores tendrán 45 días para pronunciarse sobre los acuerdos o, de otra forma, se aprobarían.

Remiten querella de exrepresentante a Justicia

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes refirió a la Oficina del Contralor y al Departamento de Justicia los documentos relacionados con las querellas por posibles violaciones de ley radicadas en contra del exrepresentante Samuel Pagán Cuadrado, quien renunció a su escaño el pasado 29 de mayo.

De acuerdo con el representante Ángel Peña, presidente de la comisión, el referido se hace sin ningún tipo de adjudicación, porque la Cámara Baja perderá jurisdicción para investigar al exlegislador el próximo 13 de junio, cuando su dimisión se haga efectiva. Y es que, para corroborar las denuncias en contra de Pagán Cuadrado, sus homólogos tendrían que realizar vistas evidenciarías.