Itza García: “Me llamó para preguntarme si había alguna instrucción”

La exsecretaria de la Gobernación, aunque era consultada por el exjuez Rafael Ramos para “instrucciones”, afirmó que desconocía que este último era presidente de la Comisión local de Moca en 2016

Por Ronald Ávila

Aun cuando Itza García, exsecretaria alterna de la Gobernación, trató de desligarse del exjuez Rafael Ramos Sáenz durante su comparencia ante el comité investigador de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre el escándalo de dos chats de WhatsApp, sus propias palabras y las copias de los grupos de mensajería los posicionan muy cerca, haciendo que su relato sea “inverosímil”.

De esta forma fue descrito el testimonio de la exfuncionaria en los informes de los comisionados alternos del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quienes junto a su homólogo del Partido Nuevo Progresista (PNP) enviaron los resultados de su pesquisa al Departamento de Justicia esta semana.

Entre los aspectos que estrechan la relación de ambos, está el hecho de que, una vez el senador Aníbal José Torres denunció en febrero que el exjuez participó de un chat con adeptos del PNP, redundando en posibles delitos electorales y faltas éticas, Ramos pidió “instrucciones” a García.

“Me llamó para preguntarme si había alguna instrucción hacia él”, soltó García ante preguntas de Karla Angleró, quien representa al PPD en la agencia.

Más adelante, “en marzo o abril”, la volvió a llamar porque la hija del también expresidente de la CEE tenía una excursión a Fortaleza y le interesaba acompañarla. “Yo le dije que yo entendía que no era apropiado”, agregó la exfuncionaria.

Otro detalle resaltado por el comité fue que García afirmó desconocer que Ramos era presidente de la Comisión Local de Moca 37. En el informe del PIP, esto se describe como poco creíble,  porque fue a través de la aplicación —en donde la exfuncionaria participaba de forma recurrente— que Ramos, como presidente de la comisión local de Moca, envió una resolución sobre una controversia relacionada con el voto de encamados durante las elecciones de 2016, solicitando la opinión de los integrantes del grupo de mensajería.

“Eso yo lo leí cuando se hicieron públicos el 5 de febrero”, comentó García ante el comité.

Los comisionados alternos del PIP y el PPD puntualizaron, para rebatir el testimonio de la exsecretaria asociada, que Ramos intercambió mensajes con ella a través del chat #TeamP3R Coffe Break, relacionados con el número y la ruta de los votos de personas con problemas de movilidad.

“Gente, estoy en la JIP de Moca, ya salieron las rutas. Cerca de 300 encamados. 240 para ser exactos. 140 pnps”, manifestó Ramos en el chat. Mientras, García le contestó: “Eso suena bien”.

Pero a pesar de toda la información provista, la exsecretaria asociada se mantuvo en la posición de que ignoraba el trabajo de Ramos como presidente de la Comisión local de Moca, reza por su parte el documento de Adrián González, quien es el comisionado alterno del PIP.

Abogada, pero no conoce los cánones de ética de la judicatura

En su entrevista, García indicó que se enteró de que Ramos era juez entre los meses de octubre a diciembre de 2016, cuando este último compartió una evaluación en el chat y ella lo felicita porque lo ve “como un logro personal”.

“¿Qué, si algo, hiciste? Cuando adviniste en conocimiento de que era juez y que él estaba interviniendo en la plataforma de gobierno de un candidato a la gobernación?”, inquirió Angleró.

Ante el cuestionamiento, García respondió: “Mira, la verdad, del canon yo tuve conocimiento a raíz de esta situación… Yo no manejo los cánones de ética en mi diario”, soltó la antes presidenta del Plan para Puerto Rico.

García y Norma Burgos mienten

Como parte de la investigación, los comisionados electorales preguntaron tanto a García como a Norma Burgos, actual comisionada del PNP en la CEE, si la exsecretaria asociada a la Gobernación tenía relación con los asuntos electorales de la colectividad en medio de la campaña de 2016.

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Ambas, según demarcan los informes del PPD y el PIP, negaron esta información, aun cuando García fue contratada por la CEE durante el periodo de julio a diciembre del 2016 por $3,000 mensuales, para asesoría legal y otras tareas.

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