El representante José “Quiquito” Meléndez recalcó que no votará a favor de la derogación de la Ley 80, a la vez que aseguró que la administración del Gobierno está siendo “extorsionada” por la Junta de Control Fiscal (JCF).
“Yo siempre he estado pidiendo la data”, agregó el representante, quien aseguró que a su escritorio no ha llegado información que pruebe que la derogación de la ley será positiva para la economía del país. Meléndez aseguró que apoya al gobernador, “pero podemos diferir”.
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Las expresiones del legislador se dieron en el segundo día de vistas públicas en torno a la derogación de la ley, en la que el sector empresarial privado apoyó que se derogue el estatuto.
La Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico y el Centro Unido de Detallistas presentaron sus ponencias, así como la Federación de Trabajadores y la trabajadora Yaddeliz Martínez Pérez.
Se muestran en contra de la medida
Carlos R. Paula, en representación del presidente de la Asociación de Industriales Rodrigo Mases, expuso que “las leyes que impactan directamente los costos operacionales “como las que impactan adversamente la autoridad de la gerencia para administrar su negocio”, son obstáculos estructurales para que las empresas sean competitivas.
Mientras, la Federación, junto con diversas uniones, indicó en su ponencia que “es preciso señalar que la Junta de Control Fiscal no tiene autoridad legal para exigir, mucho menos imponer, una nueva reforma laboral que de aprobarse, empobrecerá aún más y afectará negativamente la calidad de vida de la clase trabajadora del País y que tendrá como consecuencia la profundización, aún mayor, de la crisis actual”.
