El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, rechazó los nuevos reclamos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que incluyen recortes adicionales al gasto público de 120 millones, reducción de un 10 por ciento en las pensiones de los jubilados y la imposición de cambios a las leyes laborales.
“En Puerto Rico gobiernan los oficiales electos y no daremos paso a ninguna medida que socave los servicios al pueblo. Esta Cámara no avalará ninguna medida que viabilice las nefastas imposiciones de la Junta. No vamos a recortar las pensiones de nuestros jubilados ni vamos a dejar a los trabajadores del sector privado sin derechos ni beneficios. Eso no va a suceder”, aseveró.
PUBLICIDAD
Méndez Núñez fue claro al indicar que los recortes propuestos por la Junta a las pensiones afectarían casi al 80 por ciento de los 167,470 beneficiarios actuales y que “esa promesa que hicimos con nuestros servidores públicos se honrará”.
Sobre los recortes adicionales en el gasto del gobierno, el presidente cameral fue enfático en asegurar que estos mermarían el servicio directo al pueblo.
“Tenemos actualmente el presupuesto más reducido y balanceado de la historia. Se han hecho avances para recortar gastos en todas las áreas, que están en el Plan Fiscal sometido. Pero un recorte adicional como el propuesto dejaría inoperante a la mayoría de las agencias. Eso significa que la ciudadanía estaría en peligro”, señaló Méndez Núñez.
Explicó que “habría mucho menos dinero para nuestros paramédicos que atienden emergencias médicas, menos para los trabajadores sociales que intervienen en casos de maltrato de menores, menos para comprar equipo para nuestros policías y bomberos, menos para ayudar a los más necesitados”.
Y remarcó que “los servidores públicos han sido los héroes de Irma y María, dando de si para ayudar al pueblo. Si se reducen los servicios no tendremos cómo responder a otra emergencia similar”.
PUBLICIDAD
Aparte, Méndez Núñez le pidió al congresista republicano Rob Bishop “espacio para que el gobierno de Puerto Rico pueda trabajar las reformas necesarias para encaminar la economía y sacarnos de una recesión de la cual el Congreso también es el culpable”.
“El congresista Bishop debe entender que la Junta está para ayudar a Puerto Rico y no para gobernar. Quienes gobernamos este territorio somos los funcionarios que eligió el pueblo en las urnas. Entiendo su preocupación, pero necesitamos espacio para que las reformas trabajen. Llevamos apenas un presupuesto, un año fiscal y ya se está viendo mejoría”, apuntó.
Luego ejemplificó: “La deuda de la familia puertorriqueña se ha reducido en un 2.1 por ciento en el 2017, la primera vez que esto sucede desde el 2007. Las reclamaciones de desempleo bajaron un marcado 39.3 por ciento en marzo en comparación con el año pasado. Se está observado un despunte en la actividad económica. Necesitamos tiempo para salir, pero este será el cuatrienio que Puerto Rico verdaderamente saldrá de la recesión”, agregó el presidente de la Cámara.
El líder legislativo también le dijo a Bishop que la Junta ha incumplido con su mandato de estimular la economía de la isla.
“En casi dos años de gestión, la Junta no ha actuado sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo Congresional Bipartita para el Desarrollo Económico de Puerto Rico. Entre ellas, aprobar legislación a favor de mayores recursos para los programas que se nutren de fondos Medicaid, lo que no ha sucedido. El Congresista Bishop podría pedir esto también”, declaró Méndez Núñez.
Las recomendaciones también enfatizan la necesidad de mejorar el trato que recibe la Isla bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios), la Parte B (servicios médicos), la Parte C (Programas Advantage) y la Parte D (cubierta de medicamentos).
El ‘Task Force’ propuso una serie de iniciativas que darían asistencia a los medianos y pequeños comerciantes bajo los programas de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, siglas en inglés) y que se enmiende la sección 24 del Código de Rentas Internas federal para permitir a familias elegibles en Puerto Rico a reclamar el crédito contributivo federal por hijos dependientes.
Se estima que esta propuesta podría inyectar 2,900 millones de dólares en la economía local durante los próximos 10 años, beneficiando a más de 355 mil familias y 400 mil niños, con un pago promedio anual de 770 dólares.
Para concluir, el presidente cameral exhortó a los miembros de la Junta “a continuar el diálogo dentro del marco de referencia del nuevo plan fiscal ajustado propuesto por la administración”.
