En una declaración pública, confinados en cárceles puertorriqueñas rechazó cualquier intento de ser trasladados a prisiones de Estados Unidos.
La Asociación Pro-Derecho del Confinado “ÑETA”, el Nuevo Grupo 25 y el Grupo 27, “en nombre de la población que representamos, cerramos filas para repudiar cualquier traslado involuntario de confinados a cárceles fuera de Puerto Rico, pues estos traslados no cumplen con nuestro derecho constitucional a la rehabilitación”.
PUBLICIDAD
Agregan que “sabemos que esto es el resultado de una imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, imposición que rechazamos enérgicamente, ya que estos traslados en ningún momento nos van a ser de provecho en la rehabilitación, nuestra integración familiar será deshecha y nuestra reinserción a la comunidad será imposible”.
“No debemos pagar por las malas decisiones que históricamente tomaron los gobernantes de este país llevándolo a la quiebra. Por el contrario, emplazamos a nuestros gobernantes a que para reducir el tamaño de la población correccional se amplíen los programas de rehabilitación y se permita que los ya rehabilitados tengan más opciones de salir a la libre comunidad”, instaron.
Dieron como ejemplo el Proyecto del Senado 459, que luego de que la Cámara y el Senado lo aprobaran, “el gobernador le dio un veto de bolsillo. Esa era la oportunidad para que todos los rehabilitados con buena conducta, además de estar trabajando o estudiando pudieran bonificar tiempo y adelantar su elegibilidad a la Junta de Libertad Bajo Palabra”.
A entender de los confinados, “estas deben ser las acciones correctas que debe asumir el gobierno en vez de trasladarnos para reducir gastos. Acá hay confinados rehabilitados, preparados y listos para salir a la comunidad y encontrarnos con nuestras familias”, concluyeron.
