La comisionada residente, Jenniffer González Colón, abogó ante el secretario de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés), Sonny Perdue, por los agricultores y municipios que esperan por fondos por parte de su agencia, en una reunión celebrada el pasado jueves.
En la Ley 115-123 del 9 de febrero de 2018, aprobada por el Congreso, se incluyeron $14 millones para reparación y reemplazo de equipo en las clínicas WIC en Puerto Rico e Islas Vírgenes.
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De la misma forma, la isla tendría acceso a las partidas destinadas a diferentes programas de USDA que suman más de $2,500 millones en programas para reparación de sistemas de agua potable y aguas usadas, pérdidas de cosecha, árboles, arbustos y viñedos, daños por erosión e inundación en la infraestructura y protección de las cuencas hidrográficas y control de erosión.
Asimismo, en la segunda legislación de ayuda suplementaria para los territorios azotados por desastre, el Gobierno federal destinó $1,270 millones para Puerto Rico para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Este también fue un tema abordado en la reunión ante la petición de la comisionada de aumentar el tope y ajustar la fórmula a la misma que utilizan los estados. De acuerdo a un comunicado de prensa de la oficina de González, esto permitiría que más personas de mayor edad puedan cualificar en la isla para el beneficio.
Para esta reunión, varios alcaldes le expresaron a la comisionada sobre las dificultades con el desembolso de fondos para préstamos y otras ayudas previamente aprobadas por la Agencia de Desarrollo Rural. La representante de la isla hizo hincapié durante el cónclave sobre la importancia de estos proyectos para los municipios, dado que algunos tienen contratistas y planes que ya están en marcha, pero que no pueden avanzar debido a la falta de fondos. Como prueba, la comisionada entregó a la mano el desglose de proyectos por municipio paralizados en la espera de los desembolsos.
De la misma forma, la comisionada le planteó al secretario la necesidad de una extensión a 365 días, en vez de los 220 originales, de los proyectos catalogados “sin exigencia” financiados bajo el Programa de Protección de Cuencas de Emergencia de la Agencia del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS). Varios municipios están trabajando proyectos bajo este programa, que permite financiar reparaciones que no son de emergencia. Debido al volumen de trabajo en los ayuntamientos, los alcaldes piden ajustes en las fechas.
Al perder sus cosechas a causa del impacto del huracán María, muchos agricultores se quedaron sin medios para poder pagar los préstamos que negociaron con la Agencia para el Servicio Agrícola (FSA, por sus siglas en inglés). Ante esto, la agencia hizo disponible el Disaster Debts Set-Aside Program, que permite que los agricultores que tienen préstamos de la FSA reinvertir los pagos, lo que les da tiempo para pagar sus deudas sin caer en un impago.
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González solicitó al funcionario evaluar la posibilidad de ofrecer préstamos de Desarrollo Rural, o cualquier otra agencia del USDA, que permita pagos para restaurar muelles pesqueros con fines comerciales; fuente de sustento para los pescadores y las comunidades costeras.
También se discutió la necesidad de más personal en las oficinas del Departamento de Agricultura local para poder atender con agilidad al alto volumen de trabajo.
González, finalmente, le extendió una invitación al secretario para visitar la isla y dialogar directamente con los agricultores y ganaderos.
