La Cámara de Representantes aprobó una medida con el fin de extender los días que conllevan el corte de los servicios de agua y luz de sus abonados por atraso en la factura.
El Proyecto de la Cámara 1311, del representante Nelson del Valle Colón, enmienda la “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales”, con el propósito de aumentar de 20 a 35 días, el término que tiene un abonado o usuario de servicios esenciales para pagar u objetar una factura.
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Del Valle Colón destaca en la pieza que con la promulgación de la Ley (545-2004), se redujeron de 30 a 20 días el término que tiene un abonado o usuario de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para pagar u objetar una factura.
“Sin embargo, no se considera la estrecha situación económica que enfrenta Puerto Rico. Nos encontramos bajo el escenario de una recesión y el flujo de dinero en la ciudadanía es mínimo. Ciertamente, reconocemos la importancia que tiene la AAA y la AEE de contar con recursos recurrentes para llevar a cabo sus gestiones, pero las mismas no deben ser a expensas del empobrecido Pueblo de Puerto Rico”, sostiene en la medida
En esa línea, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1347, del representante José “Che” Pérez Cordero, que enmienda la misma Ley, a los fines de que la AAA deberá notificar al abonado la suspensión del servicio por falta de pago mediante mensaje automático vía llamada telefónica al número de contacto del abonado y a través de los medios electrónicos disponibles en un término de 48 horas antes de efectuar la suspensión. Estipula que del abonado no recibir el mensaje de advertencia suspensión del servicio y es desconectado, el abonado no tendrá que pagar por la reconexión.
Al mismo tiempo, se consintió con el Proyecto de la Cámara 703, del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, para disponer como requisito para la expedición de patentes municipales, el presentar una certificación acreditativa de la radicación de planillas del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y una certificación de no deuda del Impuesto de Ventas y Uso (IVU). “Sabiendo que Puerto Rico se encuentra en una profunda crisis fiscal y existe un riesgo latente de impago de las obligaciones del gobierno central. Hemos sido testigos de numerosos embargos a comercios que no remiten el IVU. Esto cubre esta deficiencia “, dijo.
Entretanto, el Cuerpo concurrió con las enmiendas sometidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 1357, a los fines de establecer la obligación de que los Códigos de Construcción a ser utilizados dentro de la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico, deben ser revisados cada tres años a partir de la fecha de adopción y establecer el “Comité de Revisión de Códigos de Construcción”.
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Se favoreció el Proyecto del Senado 700, que crea el puesto de Inspector dentro del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y dispone que cuyo Secretario designe un cuerpo de inspectores, con el propósito de asistirle en la fiscalización del cumplimiento de las resoluciones, órdenes y reglamentos del Departamento. También, se consideró el
Proyecto del Senado 551, de su presidente. Thomás Rivera Schatz, con el fin de declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de las Organizaciones Psicológicamente Saludables”.
Mientras, se avaló la Resolución de la Cámara 462 para estudiar la viabilidad y conveniencia de promover y fomentar el uso de sistemas hidroeléctricos para la producción de energía renovable y para riego en Puerto Rico; la Resolución de la Cámara 491 para investigar las prácticas de las compañías de reclutamiento de personal en Puerto Rico para trabajar en empresas localizadas fuera de Puerto Rico; y la Resolución de la Cámara 811 para que se investigue que medidas realiza el Departamento de Transportación y Obras Públicas para atenuar la cantidad de accidentes y fatalidades que ocurren en la carretera estatal PR-2, desde el kilómetro 215.6 hasta el 215.8, en la Comunidad del Barrio Encarnación del Municipio de Peñuelas.
Igualmente, fue considerada la Resolución de la Cámara 683 para extender hasta el cierre de la Tercera Sesión Ordinaria el termino otorgado a las Comisiones de Educación Especial y Personas con Discapacidades y Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, el informe sobre su investigación en torno a la viabilidad de desarrollar un hotel agro-turístico y enfocado en tratamiento terapéuticos para al Autismo en el Municipio de San Sebastián.
El Cuerpo dio paso además a varias reasignaciones de fondos mediante las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 276 y 277 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 198 y 202, a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y definir su uso.
De otra parte, se dieron por recibidos varios Informes como: el Primer Informe Parcial de la Comisión de Seguridad Pública en torno a la Resolución de la Cámara 59 para estudiar todo asunto relacionado con la seguridad, la ley y el orden público. El estudio señala en la Policía de Puerto Rico hay una inconformidad por promesas incumplidas por parte de cada Gobierno de turno, el cambio en los términos del retiro para el cual firmaron al momento de ingresar a la agencia, la tardanza de las horas extras, ajustes de salarios aprobados en leyes y no cumplidos por la agencia y la eliminación del pago del exceso de la licencia de enfermedad.
Asimismo, se dio por recibido el Primer Informe Parcial de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Resolución de la Cámara 152, para estudiar la construcción de una rampa en la intersección PR-185 con la PR-66 en dirección de Canóvanas hacia Río Grande. El mismo tendrá que ser presentado en la elaboración del Plan de Transportación a Largo Plazo 2045. También, el Primer Informe de la Resolución de la Cámara 235, para reducir la congestión vehicular diaria en el cruce de la Calle Winston Churchill con la Calle Paraná en San Juan. El DTOP recalcó que la jurisdicción de estas calles recae en el Municipio de San Juan.
Además, fue presentado el Informe Final sobre la Resolución de la Cámara 90 que investigó los procesos relacionados con la dispensación de sustancias controladas recetadas, de modo que se puedan imponer mayores controles a dichos procesos. Según un estudio de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), un 17.8% de la población entre los 18 y 64 años había consumido, de forma ilícita, alguna sustancia en los 12 meses inmediatamente previos a la investigación. Entre las drogas utilizadas ilícitamente se encontraban analgésicos, tranquilizantes y estimulantes.
