Un juez de la sala de recursos extraordinarios del Tribunal de San Juan le ordenó hoy al suspendido juez superior Rafael Ramos Sáez que se presente ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que preste testimonio en una investigación sobre sus propias ejecutorias.
La orden es bajo pena de desacato o será arrestado, indica la orden del juez Anthony Cuevas.
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Ramos Sáez presidió la CEE hasta su renuncia hace unos meses, al surgir públicamente que estuvo involucrado en conversaciones fuera de récord oficial con personas de una parte de un caso ante su consideración mientras se desempeñó como juez electoral de un precinto en Moca en las elecciones de 2016.
Esas conversaciones, en las que incluso solicitó asesoría a una de las partes, las sostuvo el juez con miembros de la campaña del Partido Progresista (PNP), quienes tenían una controversia sobre unos votos de personas encamadas con el Partido Popular Democrático (PPD) entonces en el poder.
Luego se descubrió también que, aunque los cánones de ética judicial lo prohíben taxativamente, este mismo juez participaba en la campaña electoral del PNP, entre ellas, asistiendo a la confección del Plan Para Puerto Rico, que sería el plan de gobierno del PNP.
Incluso llegó a revisar la orden ejecutiva 5 del gobernador Ricardo Rosselló Nevares del 2 de enero de 2017, sobre el presupuesto base cero, según demostró una investigación de la Oficina de Administración de Tribunales, que ya lo había suspendido cuando surgió el escándalo.
Este juez fue ascendido de juez municipal a juez superior en el 2017 y a principios de este año fue designado para presidir la CEE.
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El juez Cuevas indicó hoy que “emite la presente Orden en la que se cita bajo apercibimiento de desacato” a Ramos Sáez “para que comparezca a prestar testimonio ante la Comisión Estatal de Elecciones”.
El interrogatorio se haría en el piso 10 el 4 de mayo en las instalaciones de la CEE en Hato Rey, a las 9:00 de la mañana.
Podrá acompañarse de un abogado.
El suspendido juez ha fallado a dos citaciones de la CEE.
Este caso continúa bajo la investigación de OAT, el Departamento de Justicia y el Senado.
