Los representantes Carlos Bianchi Angleró y Jesús Manuel Ortiz sometieron una resolución para investigar el desempeño del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y auscultar los resultados luego de un año de su creación.
El departamento agrupa bajo su sombrilla a manera de negociados a la Policía, Ciencias Forenses, Emergencias Médicas, Manejo de Desastres, Investigaciones Especiales y el Sistema de Emergencias 9-1-1.
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Según los políticos, hasta el momento se desconocen los ahorros y eficiencias logradas por el DSP “y son más los cuestionamientos que ha levantado la creación de dicho departamento que los logros o mejoras que le adjudica la ciudadanía, según ambos representantes”, dijo Bianchi Angleró.
“A esta incertidumbre del funcionamiento en esta recién creada agencia, se le suma el cuestionable desempeño de quien la dirige y su falta total de transparencia en el manejo”, acotó.
Para el político, “el señor Pesquera no ha sido el mejor ejemplo de accesibilidad ni transparencia en el manejo de una agencia tan compleja e importante. Incluso, no existe un sólo logró que pueda atribuirse más allá de múltiples polémicas por el mal manejo de la información y la ineficiencia, sobre todo durante y luego de la emergencia del huracán María”.
A través de la resolución los legisladores buscan conseguir que Pesquera enfrente la opinión pública sobre su desempeño y rinda cuentas a la ciudadanía sobre los trabajos de su agencia luego de un año de creación.
Además, Ortiz señaló que bajo esta sombrilla se dijo que se producirían ahorros de al menos 28 millones de dólares.
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“El país tiene que constatar si las promesas de ahorro en fondos públicos y eficiencia administrativa se han logrado o si, como todo parece indicar, resultaron ser estimados equivocados. Además, es importante saber cómo esa agencia enfrentará los recortes presupuestarios del plan fiscal, las necesidades de cada negociado y el status del cumplimiento con la Reforma de la Policía. La Asamblea Legislativa no puede renunciar a su obligación de exigir respuestas e informar a sus constituyentes”.
De acuerdo con el legislador, “también se supone que la eficiencia del departamento lograra mejorar la seguridad pública, optimizar la gestión administrativa y fiscal de sus componentes, mejorar la prestación y los resultados de los servicios públicos, garantizar la comunicación, cooperación e interconexión de todos los componentes de seguridad y lograr un Puerto Rico de cumplimiento, seguridad, ley y orden”.
