LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, España- Con los rostros ocultos por máscaras y capuchas, un grupo de 40 hombres emerge de las sombras de una hilera de casas frente al mar y se adentra en la arena mientras una lancha rápida se aproxima. Apenas llega a la orilla empieza el frenético desembarque de docenas de bultos, cada uno con 30 kilogramos (66 libras) de hachís marroquí.
En poco más de dos minutos, la mayor parte de la carga ha llenado dos vehículos todoterreno de gran tamaño. Se les han sacado todos los asientos, menos el del conductor; las luces permanecen apagadas y las ventanas, oscurecidas con pintura negra de spray.
Hasta que alguien grita: “¡Corta! ¡Corta!”
Así de rápido como llegaron, los todoterreno aceleran y los traficantes se refugian en las estrechas calles del barrio pesquero de La Atunara. La lancha, con la mitad de la carga aún a bordo, se desvanece en la oscuridad del mar.
El sonido de las olas es todo cuanto queda cuando el coche patrulla llega segundos después.
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Una noche más en La Línea de la Concepción. Y un nuevo capítulo en la batalla entre autoridades españolas y bandas criminales que han hecho de este rincón descuidado a la sombra de El Peñón de Gibraltar el punto clave de entrada a Europa de resina de cannabis.
“Al día de hoy, la batalla está perdida”, dice Francisco Mena, presidente de Nexos, una federación de grupos de acción comunal que ofrece programas de rehabilitación para drogadictos.
“Con los medios que hay ahora mismo, tanto humanos como materiales, no se puede contener el narcotráfico”.
Mena asegura que la guerra todavía se puede ganar. Pero su optimismo contrasta con el descaro del tráfico documentado por periodistas de Associated Press, y las palabras de los propios capos de la droga que accedieron a entrevistas muy poco habituales.
El tráfico ilícito, señaló uno de los “narcos” más notorios de la zona, “ha existido siempre y siempre existirá”.
“Si aquí no puedo, me iré a otro lugar de la costa”, señaló el jefe de la banda, que como otros habló bajo la condición de no ser identificado por temor a ser perseguidos por la justicia. “Si en Colombia no pudieron acabar con el narcotráfico con penas de muerte y extradiciones a Estados Unidos, nadie va a acabar con él aquí”.
Media docena de integrantes de redes de narcotráfico y sus líderes dijeron que la tasa de 30% de desempleo en la provincia de Cádiz, la más alta del país, es un estímulo de su actividad criminal. Reivindican que “pasar droga” es una forma de vida en este rincón descuidado, justificándolo como un “mal necesario” que alimenta a cientos de familias de forma directa… y a miles más de forma indirecta.
Otro traficante, que pidió ser identificado como Pepe, indicó que muchos entre ellos son padres de familia a los que les resulta difícil encontrar otros empleos. “Hay que llevar la comida a casa”, dijo, “porque si no diéramos de comer a niños o familias, acudiría otro tipo de violencia”.
Cerca de tres docenas de clanes operan en el Campo de Gibraltar, una comarca de 268.000 habitantes que abraza a la Bahía de Algeciras. En un día despejado, los contornos de la costa de Marruecos, el principal productor de hachís, son visibles a unos 30 kilómetros (menos de 19 millas) a través de una concurrida ruta mercante que da paso al Mediterráneo.
Esa cercanía ha estimulado por décadas el contrabando en la zona, pero una nueva generación de traficantes con mayor descaro reta ahora a las fuerzas de seguridad y a las familias que ven cómo el dinero fácil atrae a sus jóvenes.
“El gobierno de la nación tiene que hacer más, y no solo en momentos puntuales al albor del foco mediático”, dice Mena. “Cuando el estado desaparece, lo que aparece es la impunidad”.
Criminales que en el pasado no titubeaban en soltar su carga de unos pocos cientos de kilos de hachís al mar nada más cruzarse con una patrulla aduanera están ahora dispuestos a defender su cargamento, cada vez mayor y más rentable.
Parte de la culpa la tienen sus embarcaciones, las lanchas semirrígidas conocidas como “gomas”. Con tres, cuatro y hasta cinco motores de 350 caballos, mueven un flete medio de una a tres toneladas de hachís en poco más de una hora desde la costa marroquí. Un traficante se jactó ante AP de ostentar el récord local: 178 bultos, o 5,3 toneladas, en un solo viaje.
Las persecuciones a alta velocidad han pasado a ser comunes, así como las amenazas a jueces, fiscales y agentes de la ley pobremente pagados o sometidos a la falta de personal.
En tierra y mar, los traficantes utilizan ahora vehículos o embarcaciones cuya función es despistar a las autoridades y, con cada vez más frecuencia, arremeter contra coches y barcos patrulla.
Hasta la fecha, las víctimas mortales han sido más altas en el lado de los traficantes. Cuatro de ellos murieron hace dos años cuando una patrullera de aduanas planeó sobre su goma, un incidente que desató protestas locales contra las autoridades.
Según investigadores de la Policía Nacional entrevistados por AP y de acuerdo al testimonio de los propios traficantes, el repunte de violencia también está relacionado con los robos entre bandas de alijos de droga, bien sea de las playas o de los cientos de “guarderías” o almacenes para esconderla. Estos “vuelcos”, dijeron las fuentes, son con más frecuencia obra de bandas mafiosas procedentes de Europa oriental.
“Había una primera generación donde sí había un pequeño respeto al uniforme policial, pero ahora tenemos una nueva… que lo hacen con un desprecio total a la autoridad”, dice Juan Franco, el alcalde de La Línea. “La preocupación mía es que estos señores llevan armas, no las utilizan contra la guardia civil o la policía, pero ese es el siguiente paso”.
El temor de que la población civil sea presa del fuego cruzado incrementó el mes pasado cuando varios sujetos irrumpieron en la sala de emergencias del hospital público de La Línea. Los asaltantes liberaron a Samuel Crespo, un destacado colaborador de Los Castañitas, el clan dirigido por dos hermanos que ejerce mayor influencia en la ciudad y sus alrededores.
La policía cifra en al menos 20 los atacantes, armados con palos y cuchillos. Algunos testigos han cuestionado la versión oficial, diciendo que se trataba de un grupo de jóvenes desarmados que se llevaron a Crespo con poca resistencia por parte de los dos agentes que lo custodiaban. Los policías atacados han dicho que de haber usado sus armas en una sala de emergencias llena de gente, habrían causado víctimas.
El incidente incrementó el nerviosismo entre los 63.000 habitantes de La Línea. “¿Cómo puede ser que un puñado de niñatos sean tan descarados de actuar con tal impunidad en pleno día?”, se pregunta Mena, el activista. “¿Por qué había sólo dos agentes custodiando a un narcotraficante peligroso? ¿Y por qué no tenían otra forma de detener el ataque?”.
La indignación creció cuando se supo que el fugitivo fue traslado en una moto acuática a través del Estrecho de Gibraltar para ser tratado en una clínica privada en el norte de Marruecos. Una investigación policial llevó a la captura de dos de los delincuentes implicados, además de uno de los atacantes que había sido detenido en el mismo hospital.
AP pudo saber por el relato de algunos de sus compañeros que Crespo ha regresado a España aunque oficialmente sigue en paradero desconocido.
Una semana después del ataque al hospital, el Ministro del Interior del país llegó a La Línea con un séquito de guardaespaldas y fuerzas especiales de la policía. La visita de Juan Ignacio Zoido coincidió con el anuncio de una operación que llevó a la detención de 16 miembros de una banda sofisticada que había instalado un sistema de radares para vigilar las actividades de las patrulleras de la Guardia Civil y aduanas. La policía lo encontró bajo los paneles solares de una casa en primera línea de playa. También se decomisaron cuatro toneladas de hachís, 17 vehículos y cuatro armas de fuego.
Zoido prometió refuerzos especiales y medidas adicionales de seguridad para la zona durante los próximos meses. Pero esa misma mañana, a una hora y media de viaje de donde hablaba el ministro, hombres encapuchados entraban en un depósito oficial y se llevaban una lancha rápida que había sido confiscada como prueba judicial.
La provincia de Cádiz, separada por tan sólo 14 kilómetros (8.6 millas) del norte de África en su parte más al sur, supone ya la entrada del 40% de las drogas que llegan a España, según cifras del Ministerio del Interior.
El hachís desembarca en estas playas a un ritmo de siete a 20 lanchas cargadas al día, según los cálculos de policía y traficantes. Y no solo llega por mar. Una operación de la Guardia Civil el pasado año desmanteló una red que se valía de peligrosos vuelos nocturnos en helicóptero para introducir las drogas hasta escondites tierra adentro.
El Campo de Gibraltar también es una importante puerta de entrada para la cocaína, la segunda droga favorita de los europeos según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, o EMCDDA.
Casi siempre procedente de Sudamérica, la cocaína se abre camino oculta en contenedores y navíos mercantes que atracan en el puerto de Algeciras, en el lado opuesto a La Línea de la bahía.
Una parte de la droga introducida se consume al sur de los Pirineos, pero la mayoría -hasta un 90%, según cálculos policiales- viaja por tierra hasta Francia, Italia y los Países Bajos, que según la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen desempeñan un papel destacado como centro de distribución regional.
Como en cualquier otra transacción comercial, el envío de un alijo requiere la intervención de muchas partes. Los clanes que operan dentro y más allá del Campo de Gibraltar son familiares y territoriales, pero solo un puñado de ellos tienen la envergadura suficiente para controlar todas las fases del negocio.
Tarde o temprano, el trabajo será subcontratado a otras bandas que ofrecen pilotos, lanchas, los Land Cruiser robados -es el modelo de todoterreno más común en sus operaciones- o las legiones de vigilantes apostados en cada esquina. Conocidos como “puntos”, se colocan en lugares estratégicos, a menudo con un teléfono no inteligente, listos para alertar sobre la presencia policial. Estos criminales de bajo vuelo pueden ganar entre 600 y 1.000 euros (entre 700 y 1.200 dólares) por un día de vigilancia, según los propios traficantes.
Los “bosquimanos”, como se conoce a aquéllos que descargan las lanchas semirrígidas y cargan los Land Cruiser, pueden ganar de 2.000 hasta 3.000 euros por día. Pero los mejores pagados en la cadena son los conductores de los todoterreno -10.000 a 15.000 euros por un trabajo- y los pilotos de las gomas, cuya remuneración parte de 30.000 euros de base y sube en función de los fardos de hachís que entregan. El propietario de una “guardería”, que puede ser una familia que alquila un sótano a los traficantes, puede ganar 15.000 euros por cada día en el que oculta el alijo.
El negocio es tan tentador que cuando se les pregunta a los traficantes por su reputación como una comunidad fracturada, se resienten y señalan que la violencia va en detrimento del negocio.
“La policía está buscando una guerra enfrentándonos los uno a los otros”. El capo de la droga habló con la AP en una vivienda sencilla donde los líderes de media docena de clanes locales, algunos de ellos buscados por la justicia, se reunían para discutir el negocio. “Pero esto no es ni Medellín ni Sinaloa, y no hay ningún Pablo Escobar entre nosotros”, señaló.
“No hay asesinos aquí. Solo hay grupos que son buenos en lo que hacen y otros que se equivocan, de la misma forma que la policía comete errores”.
“Nosotros, los veteranos, estamos aquí para poner el freno si esto escala a algún tipo de violencia”, añadió el cabecilla, en un comentario acogido con aprobación por el resto de la sala.
La conversación queda interrumpida por un individuo con walkie-talkie que entra anunciando que ha llegado una “goma”. El grupo se mueve con rapidez hacia la playa, que queda solo a metros de distancia. En un derroche de coreografía ejecutada a la perfección por más de 100 “bosquimanos” y “puntos”, se descarga un alijo a la vista de periodistas y cualquier viandante. Sólo la voz que en un momento dado avisa de que un coche patrulla se encamina hacia la playa fulmina la operación al instante.
“¿Has visto? Esto es como el juego del gato y el ratón. ¿Pero dónde has visto las pistolas? No las verás en nuestro bando”, señaló un lugarteniente de Los Castañitas. “Nunca he robado ni me he involucrado en nada más que no fuese el contrabando. Sí, esto es ilegal. Pero no hacemos daño a nadie”.
A pesar del reto que supone el narcotráfico, España es el miembro de la Unión Europea que confisca mayores volúmenes de cocaína y cannabis. Según el Eurostat, las incautaciones españolas representaron el 70% del cannabis incautado en el bloque.
De las 373 toneladas de droga incautadas en España el pasado año, según el Ministerio del Interior, 145 fueron de resina de cannabis confiscada en el Campo de Gibraltar, un aumento del 45% respecto al 2016.
Aun así, mucho más se cuela entre las fisuras. Investigadores entrevistados calcularon que la cantidad confiscada podría suponer menos del 5% del hachís que está entrando en el país.
Según Mena, el activista, más recursos para investigar el lavado de dinero podrían ayudar a desenmascarar a los líderes del negocio.
Los sindicatos policiales dicen que un juzgado provincial especializado en el tráfico de drogas aceleraría algunos de los casos, porque las investigaciones de narcotráfico requieren de altas dosis de burocracia judicial para aprobar escuchas telefónicas y otros métodos de investigación.
Otros remedios propuestos van desde condenas más duras -España castiga el tráfico de hachís con un máximo de seis años de cárcel si no concurren otros crímenes, mientras que esas sentencias pueden doblarse en países como Francia o Reino Unido- hasta plantear la regulación del consumo y venta de cannabis.
Mena acoge de buen agrado los pasos que el gobierno ha tomado recientemente para la redacción de una propuesta de ley que restrinja el uso de grandes lanchas rápidas. También dice que la UE debería ayudar más a España, y ejercer presión sobre Marruecos para que realice un mayor control en origen.
Pero el mayor reto es el mecenazgo de las redes de tráfico. El dinero de la droga contribuye a la economía local, a menudo lavado a través de salones de belleza, gimnasios, tiendas de ropa u otros negocios de baja escala, creando una “narcoeconomía” a la que Franco, el alcalde de La Línea, se refiere como “pan para hoy y hambre para mañana”.
Según la oficina del alcalde, el desempleo en la ciudad, que en 2016 se situó en el 35% de la población activa, alcanza el 80% entre los jóvenes de sus barrios más pobres.
A finales de marzo, docenas de personas salieron a la calle de una de las barriadas de La Línea más azotadas por el tráfico para proteger a un presunto “narco” al que una patrulla policial perseguía. Según la policía, los agentes dispararon salvas al aire para disipar el gentío, pero para entonces su prófugo se había esfumado, dejando atrás un vehículo con media tonelada de hachís a bordo.
Algunos residentes que saben que las drogas son un callejón sin salida para la ciudad alzan su voz de protesta. El pasado 27 de febrero, dos semanas después del incidente en el hospital, más de 2.000 personas se concentraron bajo la torre de la principal iglesia de La Línea.
“¡Drogas no! ¡Trabajo sí!”, gritaban.
Pero Franco no cree que la ciudadanía esté preparada, al menos no todavía, para dar un vuelco al problema.
“De vez en cuando hay un hecho puntual o llamativo que genera una especie de catarsis”, señala el alcalde. “Pero lo cierto es que pasan los meses y volvemos al mismo punto de partida”.