La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, cuestionó las verdaderas razones detrás del interés de la Junta de Control Fiscal (JCF) de limitar el presupuesto de las agencias fiscalizadoras que luchan contra la corrupción gubernamental y promueven la excelencia en el servicio ciudadano.
La representante salió en defensa de la labor que realizan la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la de Etica Gubernamental, la Contraloría, y la Oficina del Procurador del Ciudadano, que se encuentran en la mira de los recortes promovidos por la Junta “a pesar de que su presupuesto es ínfimo y sustentado por la eficiencia de sus acciones”.
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A Ramos –según un comunicado de prensa– le crea suspicacia que la JCF, que ha llevado ante el Congreso su reclamo de controlar los fondos federales asignados para la recuperación de la Isla tras el paso del huracán María levantando dudas con argumentos de corrupción, pretenda precisamente ahora limitar el alcance de las agencias del gobierno que velan por la integridad pública.
“Este es otro ejemplo de cómo las decisiones de la Junta no están basadas en la realidad de nuestro pueblo y crean mayores problemas de los que intenta remediar”, acusó Ramos.
Incluso –continúo-, promueven recortar el presupuesto de los organismos fiscalizadores cuando los propios miembros de la JCF han sido señalados por serios conflictos de intereses que pudieran estar sujetos a intervención estatal, ya que reciben fondos públicos de los contribuyentes puertorriqueños.
“Aquí hay mucho que explicar. Nuestro gobierno lucha por la transparencia y la Junta busca cómo coartarla. ¿Qué hay detrás de todo esto? Nadie puede ser cómplice de la corrupción”, puntualizó.
Para la legisladora, el empeño de la Junta contrasta marcadamente con la actitud del gobernador Ricardo Rosselló, porque él creó un Código Anticorrupción y dio carácter de ley al Grupo Anticorrupción, estrategias que el organismo federal parece querer desarticular.
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Ramos manifestó que la alegada economía generada por recortes a los presupuestos de las agencias fiscalizadoras es ínfima, comparado con el peso de la labor que actualmente realizan para custodiar la probidad en el uso de fondos públicos.
