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Congreso da paso a enmienda que protege programa de cannabis medicinal en Puerto Rico

La disposición original no hacía referencia a la isla en el listado de estados y territorios protegidos, explicó la Asociación de Cannabis Medicinal

El Congreso incluyó esta semana a Puerto Rico bajo las protecciones de la Enmienda Rohrabacher–Farr, una disposición presupuestaria que impide al Departamento de Justicia Federal destinar fondos para el procesamiento criminal de pacientes y establecimientos que operan bajo programas estatales de cannabis medicinal.

La disposición original no hacía referencia a Puerto Rico en el listado de estados y territorios protegidos, explicó hoy la Asociación de Cannabis Medicinal.

Con el cambio en la política interna del Departamento de Justicia Federal tras la derogación del Memorando Cole, la fiscalía federal en cada estado tenía a su discreción iniciar procesos criminales relacionados a la industria del cannabis. La reafirmación de la Enmienda Rohrabacher–Farr, que ha sido incluida en los paquetes presupuestarios desde el año 2014, pone freno a esa posibilidad al limitar el uso de los fondos que el Departamento de Justicia Federal puede usar para esos fines.

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“Esta enmienda también le da tranquilidad a los miles de pacientes autorizados en Puerto Rico ante la incertidumbre que causó a principios de año la derogación del Memorando Cole”, afirmó Ingrid Schmidt, Presidenta de la Asociación de Cannabis Medicinal, en declaraciones a Metro. La industria y particularmente nuestros pacientes necesitan más acciones como esta, que ayudan a fortalecer las bases legales sobre las cuales operan los programas de cannabis medicinal”, puntualizó.

“Esta enmienda también le da tranquilidad a los miles de pacientes autorizados en Puerto Rico ante la incertidumbre que causó a principios de año la derogación del Memorando Cole”, afirmó Ingrid Schmidt, Presidenta de la Asociación de Cannabis Medicinal, en declaraciones a Metro. La industria y particularmente nuestros pacientes necesitan más acciones como esta, que ayudan a fortalecer las bases legales sobre las cuales operan los programas de cannabis medicinal”, puntualizó.

La industria del cannabis medicinal en Puerto Rico se mantenía vigilante, luego de que a principios de este año el secretario de Justicia federal, Jeff Sessions, dejara sin efecto el Cole Memo, lo que representó un dramático giro en la política pública de la agencia y ante el cual se temía un impacto negativo en las normas y leyes ya establecidas en la isla y los estados con marcos regulativos robustos del uso medicinal de la planta.

“Agradecemos las gestiones del gobernador Ricardo Rosselló y del director de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico Carlos Mercader. Su atención a nuestras preocupaciones y trabajo en conjunto logró introducir el lenguaje que extiende a Puerto Rico y otros territorios en estas protecciones”, expresó Schmidt. “La Asociación continuará trabajando con el Gobierno de Puerto Rico para lograr que la inclusión de la Isla en esta Enmienda se mantenga con carácter permanente, promoviendo así la estabilidad y el crecimiento de la industria para el beneficio de nuestros pacientes”, añadió.

Enfrentados Justicia federal y Congreso

La política de Sessions permite a los fiscales en todo el país decidir qué tipos de recursos federales dedicar a la aplicación de la ley federal contra la marihuana en función de lo que ven como prioridades en sus distritos. En el ámbito federal, el uso, la posesión y la distribución de la marihuana continúa siendo ilegal.

Sin embargo, las jurisdicciones estadounidenses con normativas establecidas cuentan con una protección legal aprobada por el Congreso que en términos de jerarquía está por encima del nuevo documento establecido por Sessions. Se trata de la Enmienda Rohrabacher-Farr, que estipula que el Departamento de Justicia de EE. UU. no puede usar ninguno de sus fondos para evitar la implementación de leyes establecidas por los estados o Washington D. C. que autoricen el uso, la distribución, posesión o el cultivo de marihuana medicinal.

Dicha cláusula se convirtió en ley en 2014, uniéndose al Cole Memo como uno de los dos textos federales emblemáticos sobre el cannabis.

La legislación –que se tiene que aprobar nuevamente en cada presupeusto– ha contado con apoyo bipartidista en los últimos años, pero en septiembre Sessions envió una carta a los líderes del Congreso pidiéndoles que renunciaran a las protecciones federales para el cannabis, otra señal de hacia dónde estará dirigida la política de la administración Trump durante los próximos meses del 2018.

Previamente, en entrevista con Metro, Schmidt había indicado que la decisión del secretario de Justicia federal de dejar sin efecto el conocido Cole Memo generaba preocupación, sobre todo ante el hecho de que el uso del cannabis medicinal está mejorando la calidad de vida de los pacientes que la utilizan, y en la industria, “a la misma vez sigue aumentando la cantidad de empleos que está dejando en nuestra jurisdicción en un momento tan crítico”.

¿Qué era el Cole Memo?

El Cole Memo fue un documento originalmente redactado por el exfiscal general de Estados Unidos, James M. Cole, en 2013, bajo la administración del presidente Barack Obama.

El memorándum establecía que el Gobierno federal no se interpondrá en el camino de los estados que legalizan la marihuana mientras los funcionarios actúen para evitar que migre a lugares donde su uso es aún ilegal. Indicaba que los fiscales y las fuerzas del orden debían centrarse solo en algunas prioridades relacionadas con las operaciones de cannabis en los estados donde existía una normativa legal sobre su uso.

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