La industria del cannabis medicinal en Puerto Rico se encuentra vigilante ante el nuevo giro en política pública que estableció ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que podría tener un impacto negativo en las normas y leyes ya establecidas en la isla y los estados con marcos regulativos robustos del uso de la planta.
“Nuestra postura en este momento es que estamos en un proceso de análisis de este escrito que acaba de hacer el señor Jeff Sessions, para poder medir un poco más claro cuáles son esas implicaciones”, afirmó Ingrid Schmidt, presidenta de la Asociación de Cannabis Medicinal de Puerto Rico (PRMCA, por sus siglas en inglés).
Schmidt indicó que la decisión del secretario de Justicia federal de dejar sin efecto el conocido Cole Memo “preocupa”, sobre todo ante el hecho de que el uso del cannabis medicinal está mejorando la calidad de vida de los pacientes que la utilizan, y en la industria, “a la misma vez sigue aumentando la cantidad de empleos que está dejando en nuestra jurisdicción en un momento tan crítico”.
En Puerto Rico, el uso del cannabis medicinal está regulado por la Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley MEDICINAL), que fue firmada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en julio de 2017.
“Este cambio constituye un retroceso provocado por el desconocimiento de lo que la evidencia científica apunta sobre los beneficios del cannabis en la salud de los ciudadanos que sufren algunas afecciones de salud”, afirmó Rosselló.
“Gozamos de un proyecto serio, responsable y robusto que cuida muchos detalles y que se hizo tomando lo mejor de varias de las jurisdicciones que ya tenían un proyecto en vigor y que habían demostrado ser jurisdicciones exitosas con sus programas”, expresó Schmidt, también miembro de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal.
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La presidenta de la PRMCA hizo un llamado al gobernador, así como a la comisionada residente en Washington, Jennifer González, y las autoridades pertinentes, a defender la industria local del cannabis medicinal.
En ese sentido, Rosselló Nevares reiteró ayer su apoyo a la industria en la Isla e instruyó a los miembros de su gabinete a unirse a cualquiera de los pleitos que se presenten para derrotar la nueva política pública federal.
“Este cambio constituye un retroceso provocado por el desconocimiento de lo que la evidencia científica apunta sobre los beneficios del cannabis en la salud de los ciudadanos que sufren algunas afecciones de salud”, afirmó Rosselló.
De acuerdo con cifras del Gobierno de Puerto Rico, en la isla hay más de 16 mil pacientes y se han generado más de 30 mil empleos directos.
¿Qué es el Cole Memo?
El Cole Memo fue un documento originalmente redactado por el exfiscal general de Estados Unidos, James M. Cole, en 2013, bajo la administración del presidente Barack Obama.
El memorándum establece que el Gobierno federal no se interpondrá en el camino de los estados que legalizan la marihuana mientras los funcionarios actúen para evitar que migre a lugares donde su uso es aún ilegal. Indicaba que los fiscales y las fuerzas del orden debían centrarse solo en las siguientes prioridades relacionadas con las operaciones de cannabis en los estados donde existía una normativa legal sobre su uso:
- Prevenir la distribución de marihuana a menores
- Evitar que los ingresos provenientes de la venta de marihuana terminaran en manos de empresas criminales
- Prevenir el desvío de la marihuana de los estados donde es legal a otros estados
- Evitar que la actividad de marihuana autorizada por el estado sea utilizada como pretexto para el tráfico de otras drogas ilegales u otras actividades ilegales
- Prevenir la violencia y el uso de armas de fuego en el cultivo y distribución de marihuana
- Prevención de conducir drogado y la exacerbación de otras consecuencias adversas para la salud pública asociadas con el consumo de marihuana
- Prevenir el cultivo de marihuana en tierras públicas y la seguridad pública concomitante y los peligros ambientales que plantea la producción de marihuana en tierras públicas
- Prevenir la posesión o uso de marihuana en la propiedad federal
Sessions está dejando sin efecto dicho documento. La política de Sessions permitirá a los fiscales en todo el país decidir qué tipos de recursos federales dedicar a la aplicación de la ley federal contra la marihuana en función de lo que ven como prioridades en sus distritos. En el ámbito federal, el uso, la posesión y la distribución de la marihuana continúa siendo ilegal.
Recurso legal encontraría fricción con la nueva política
Las jurisdicciones estadounidenses con normativas establecidas cuentan todavía con una protección legal aprobada por el Congreso que podría friccionar contra la nueva política pública establecida por Sessions. Se trata de la cláusula Rohrabacher-Farr, que estipula que el Departamento de Justicia de EE. UU. no puede usar ninguno de sus fondos para evitar que los estados, Washington D. C. o Puerto Rico “implementen una ley que autorice el uso, la distribución, posesión o el cultivo de marihuana medicinal”.
Dicha cláusula se convirtió en ley en 2014, uniéndose al Cole Memo como uno de los dos textos federales emblemáticos sobre el cannabis.
La legislación ha contado con apoyo bipartidista en los últimos años, pero en septiembre Sessions envió una carta a los líderes del Congreso pidiéndoles que renunciaran a las protecciones federales para el cannabis, otra señal de hacia dónde estará dirigida la política de la administración Trump durante los próximos meses del 2018.
En el nuevo memorándum, el secretario de Justicia federal escribió que “al decidir qué actividades relacionadas con la marihuana se deben reprimir con los recursos finitos del departamento, los fiscales deben aplicar los principios consagrados que rigen todos los procesos federales”.
Se prevé que la decisión generará confusión acerca de si se puede cultivar, comprar o consumir marihuana en los estados donde ya es legal, ya que la ley federal lo prohíbe.
Para el exgobernador Alejandro García Padilla, bajo cuya administración se estableció el primer reglamento de uso del cannabis medicinal en Puerto Rico, con la decisión de Sessions, “la administración Trump da pasos trágicos en retroceso”. Calificó la acción como “ajena a la ciencia, anacrónica, insensible e inconstitucional”..
“Es insensible porque millones de pacientes que tienen un medicamento con este producto natural van a dejar de tenerlo. Igualmente, es insensible con aquellos que serían víctimas y familiares de las víctimas de los crímenes que se evitan con la legalización del producto. Es inconstitucional porque va contra la propia esencia del federalismo norteamericano”, añadió.