Junta de Control Fiscal sigue adelante con incineradora a pesar de retiro del endoso de Rosselló

Noel Zamot sostuvo que no se retira un proyecto porque la gente diga que no se va a hacer

Por Joel Cintrón Arbasetti y Eliván Martínez Mercado / Centro de Periodismo Investigativo
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevárez, retiró este fin de semana su endoso al proyecto de incineración de desperdicios propuesto para Arecibo por la empresa Energy Answers, pero el Coordinador de Revitalización de la Junta de Control Fiscal (JCF), Noel Zamot, dijo al Centro de Periodismo Investigativo que, aunque la posición del gobernador constará en el récord, él mantiene su recomendación de que esta propuesta sí figure en la lista de 11 proyectos críticos que impulsaría la Junta.El Título V de la ley PROMESA, creada por el Congreso de EE.UU. para que Puerto Rico pague su deuda, faculta a la Junta para aprobar por vía rápida propuestas de infraestructura que se encuentren en la lista de proyectos críticos, elaborada por la misma Junta. El gobernador indicó en un comunicado este fin de semana que retiraba su apoyo a la incineradora porque “no es parte de la política pública del Gobierno de Puerto Rico”.Zamot especificó que la incineradora es uno de los 11 proyectos críticos que están bajo consideración y en el proceso de comentarios públicos. “El gobernador fue bien claro cuando emitió ese press release, [el de quitarle su apoyo a Energy Answers] y yo lo que voy a hacer ahora es que me reúno con el equipo del gobernador, a decir, ‘mira, esto es lo que queremos incluir como la recomendación para el gobernador, el expediente para los proyectos críticos, lo ponemos, y dejamos que el proceso siga”, dijo Zamot, en el preámbulo del quinto Puerto Rico Investment Summit organizado por la empresa Adworks en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Luego, Zamot fue más categórico al ser cuestionado por el CPI.

¿Eso quiere decir que el proyecto no se descarta aunque el gobernador haya retirado su endoso?

En el proceso de proyectos críticos, no se retira un proyecto porque la gente diga que no se va a hacer.

No la gente, sino el gobernador.

La recomendación del gobernador es parte del proceso, y esa recomendación se incluye y se deja que vaya hasta el final del proceso. No se retiran proyectos porque a través del proceso alguien dijo que “No”.

¿Usted mantiene su apoyo al proyecto de Energy Answers?

Yo no estoy apoyando ni desapoyando (sic). Yo lo que estoy haciendo es influyendo todos los hechos (sic).

O sea, lo incluiría en la lista a pesar de que el gobernador…

Sí, eso va a ser parte de mi recomendación. Cuando yo haga la recomendación sobre ese proyecto en sí, voy a incluir la recomendación del gobernador en el análisis que hacemos sobre ese proyecto.

La planta incineradora propuesta por Energy Answers requiere quemar sobre 2,000 toneladas de basura al día para generar sobre 70 megavatios. Grupos comunitarios se oponen ante alegaciones de riesgos ambientales y de salud por causa de las cenizas y porque, para funcionar, la planta depende de que la sociedad suministre los desperdicios que genera, en lugar de moverse a la reducción del consumo y el reciclaje. La consulta de ubicación que la Junta de Planificación dio a este proyecto es condicionada, porque está propuesta en el cauce mayor del Río Grande de Arecibo, una zona inundable.

La JCF indica en su página web que el proyecto de Energy Answers implicaría una inversión privada de $850 millones, sobre $30 millones al año en adquisición de bienes y servicios que pueden ser ofrecidos por empresas locales, y la creación de 7,000 empleos directos, indirectos e inducidos durante los tres años de construcción.

Zamot dijo además en su presentación en el Investment Summit que ya se han sometido otros 40 proyectos críticos ante la Junta. Se espera que el primer proyecto “se designe” o seleccione en verano, aunque no especificó cuál.

La JCF mantiene abierto un proceso de comentarios públicos para 11 proyectos, principalmente de generación de energía, que inició el 7 de enero y dura 30 días. La Junta no aclaró si se trata de 30 días laborables o si ya culminó el proceso.

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