Jueces piden confianza al pueblo tras caso de la CEE

El juez Rafael Ramos, expresidente de la CEE, está relacionado a un escándalo político partidista

Por Metro Puerto Rico

Tras las denuncias contra el juez Rafael Ramos, quien renunció a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por estar involucrado en una controversia político partidista, el presidente de la Asociación de Miembros de la Judicatura, Carlos G. Salgado Schwartz, pidió a la población confianza en el sistema de Justicia.

“El pueblo puertorriqueño debe tener la confianza que nuestro sistema de Justicia es uno independiente, libre de intervenciones y con normas jurídicas y reglas procesales uniformes que garantizan que los casos se adjudiquen conforme a Derecho. Los jueces reconocemos el privilegio que conlleva vestir nuestra toga y el ejercicio solitario e independiente de nuestra función adjudicativa, por lo que en tiempos difíciles, estamos llamados a honrarla con mayor rigor”, sostuvo a través de un comunicado de prensa.

El togado advirtió que la acción de Ramos es un “acto aislado” y que no debe manchar el sacrificio y trabajo de cientos de jueces del sistema.

“Aunque estamos impedidos de hacer expresiones sobre los méritos de las denuncias recientes en contra de un juez superior, enfrentarnos a la imputación de este tipo de actos, de por sí, nos estremece y empaña el trabajo de cientos de jueces dedicados, trabajadores y honestos”, indicó Schwartz a través de un comunicado de prensa.

Ramos, que tan solo duró dos semanas en su puesto porque renuncio en medio de la tormenta, consultó por texto con varios funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) sus decisiones como juez de la Junta de Inscripción Permanente de Moca en las pasadas elecciones. El nombre de Norma Burgos, comisionada electoral del PNP, es uno de los que aparecen en la mencionada conversación, así como el de la subsecretaria de la gobernación Itza García, la administradora de ASUME, Waleska Maldonado y el secretario de la gobernación William Villafañe.

En días pasados, se anunció que el Departamento de Justicia, la Administración de Tribunales y la Oficina del Fiscal Especial Independiente estarían realizando una investigación al respecto.

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