El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos de que la agencia brindara información sobre las muertes ocurridas en la isla tras el huracán María.
A juicio del CPI, “se trata de información pública y de alto interés público para el pueblo de Puerto Rico”, según apunta la demanda.
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Se solicitó a la directora la información en detalle sobre las defunciones registradas en Puerto Rico en 2017, en formato de base de datos completa, hasta la fecha más reciente entrada en el sistema del Registro Demográfico; los certificados de defunción emitidos desde el 18 de septiembre hasta el presente; las defunciones registradas, desglosadas por día y municipio.
Además, los permisos de enterramiento otorgados desde el 18 de septiembre; los permisos de cremación otorgados desde el 18 de septiembre; así como autorización para acceder a la libreta manual en la que se registran los permisos otorgados a cada funerario y casa de cremación en cada una de las oficinas del Registro Demográfico de Puerto Rico.
Unos días después del huracán María, el CPI comenzó a publicar reportajes que revelaban que había docenas de muertes adicionales confirmadas que no estaban siendo informadas por el gobierno, en parte debido a la falta de un protocolo de especial para manejar los decesos en casos de desastre, y a la respuesta lenta de las agencias de gobierno.
Las periodistas Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch publicaron una serie de historias y los datos oficiales finalmente confirmaron que en septiembre y octubre hubo más de mil muertes en exceso, en comparación con 2016.
Pero desde entonces, el gobierno no ha dado una explicación a ese exceso de muertes. En diciembre, cuando la cifra oficial se situaba en 64, el gobernador Ricardo Rosselló ordenó un recuento y un estudio a profundidad de las muertes.
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Las partes contra las cuales se dirige el recurso de mandamus “tienen el deber de entregar la información solicitada”, añade la demanda, ya que el Registro Demográfico, adscrito al Departamento de Salud, tiene a su cargo el registro, colección, custodia, preservación, enmiendas y certificación de récords vitales, así como la tabulación, análisis y publicación de estadísticas vitales.
La información también ha sido solicitada directamente al secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, sin obtener respuesta.
El CPI es representado en este caso por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio, Rafael Rodríguez Rivera, Anette Martínez Orabona y Steven Lausell Recurt.
“Los documentos, materiales e información solicitadas por el CPI son originados, conservados o recibidos por una dependencia del Estado Libre Asociado. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, indica el recurso legal.
Mientras, la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, señaló que “la ausencia de información veraz y a tiempo sobre las personas muertas tras el huracán María ha generado gran desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas. Es urgente que veamos y analicemos esta información, antes de que llegue una nueva temporada de huracanes que nos encuentre a ciegas”.
